El exsecretario de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta Rodríguez y otras seis personas fueron acusadas por las autoridades federales por participar en un esquema fraude de $9.8 millones en fondos federales a cambio de recibir dinero en efectivo y pagos de viajes, durante la pasada administración.

Los acusados conspiraron desde el 2013-2016 para obtener fraudulentamente fondos federales administrados por el Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública otorgando contratos a compañías intencionalmente creadas para ese propósito, detalló la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.

Junto a Orta Rodríguez fueron acusados Edgardo Vázquez Morales, exayudante especial en el DRD y los contratistas Oscar Rodríguez Torres de Rosso Group; Miguel Sosa Suárez propietario de Global Sports Initiative; Irving Riquel Torres Rodríguez de AESC Corp; la esposa de este, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz Nieves propietario de Sports Consultants, inc.

A Orta Rodríguez y su ayudante especial, Vázquez Morales se les imputa haber recibido $26,000 en efectivo a cambio de otorgar los contratos. Orta también recibió pagos para viajes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Veracruz, Méjico en el 2014 y a Toronto durante los Juegos Panamericanos efectuados en 2015.

‘Utilizó su posición como Secretario del DRD para solicitar fondos federales utilizando información falsa para llevar a cabo las actividades propuestas. El esquema de contratos asciende a $10 millones en un cálculo conservador’, dijo en conferencia de prensa la fiscal federal.

Según la investigación, Orta favoreció a las compañías otorgando contratos sin que tuvieran experiencia previa ya que fueron creadas para beneficiarse de los fondos federales. Incluso, se construyó un compartimento para guardar dinero en efectivo en la residencia del exdirector de finanzas de la campaña para la gobernación de David Bernier y CPA, Miguel Sosa Suárez, producto del imputado robo de fondos federales.

De acuerdo al pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado, los imputados en el operativo denominado ‘Mercenarios de Educación’ enfrentan 50 cargos por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, rodo de identidad agravada y fraude electrónico y postal.

‘Esto tiene que parar. El crimen no paga. Mientras los gobiernos lo hagan fácil se va a hacer fácil. Necesitamos un poco más de conciencia de las agencias de gobierno sobre estos fondos. La corrupción en el gobierno continúa siendo una amenaza al bien común’, sostuvo la fiscal federal Rodríguez.

Por su parte, el agente del FBI a cargo del caso,Douglas Leff anticipó hay varias investigaciones de corrupción gubernamental en proceso, por lo que hizo un llamado a las personas involucradas a cooperar voluntariamente con las autoridades federales.

‘Lamentablemente adicional a este caso tenemos una larga lista de personas que juraron servir al pueblo, pero desafortunada decidieron servirse a sí mismos. Sabemos quiénes son y lo que han hecho. Colaboren voluntariamente con las autoridades federales para reparar el daño que le han hecho aPuerto Rico. De no ser así, nosotros tocaremos a sus puertas’, advirtió Leff.

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