Mientras la Policía autoevalúa su intervención contra los manifestantes del Paro Nacional del pasado 1 de mayo, el principal asesor legal del gobernador Ricardo Roselló, Alfonso A. Orona Amiliva, aseguró que la Reforma Federal a ese cuerpo no le impide utilizar la fuerza, siempre y cuando la acción sea proporcional.

De hecho, el asesor legal del Ejecutivo sostuvo que hasta el momento no se han presentado querellas oficiales ni evidencia que demuestre que la uniformada violentó el Acuerdo de Reforma, cuyo progreso se verá mañana, lunes, en la corte federal de Ponce.

‘Lo que pasó el 1 de mayo se tiene que ver a la luz donde la Policía tiene unos requisitos de autoevaluación y esas investigaciones se están dando. Eso es parte del proceso de reforma para ver si en efecto la intervención de la Policía fue proporcional o no fue proporcional. Sin embargo, te puedo decir que no ha habido ninguna querella por ninguno de los manifestantes’, dijo el licenciado Orona Amiliva en entrevista con NotiCel.

‘Un grupo habló de planteamientos generales y los propios videos de las redes sociales de las personas que se estaban manifestando daban cuenta que la interacción de la policía con aquellas personas que estaban violando la ley eran muy distintas, si lo comparamos con los sucesos ocurridos en el 2010 donde hubo actos de violencia y si, la autoridad intervino pero hasta el momento de la investigación no se ha salido nada que demuestre que esa intervención no fue proporcional a los actos que estaban pasando allí’, argumentó el asesor legal de Fortaleza.

Orona será uno de los deponentes en la vista pública convocada por el juez federal Gustavo A. Gelpí, quien preside el caso número 12-2039 presentado en diciembre de 2012 en el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la Policía de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles a residentes del país dado el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones públicas, discrimen contra inmigrantes, entre otras denuncias presentadas por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU).

El viernes el juez regañó al Departamento de Justicia de Puerto Rico y la ACLU por no entregar a tiempo sus declaraciones escritas para la vista. De hecho, Gelpí dijo que no le imponía sanciones económicas al gobierno por consideración a la crisis fiscal. El juez llegó a prohibir la radicación de los memoriales pero luego reconsideró y los aceptó.

‘La reforma está ahora mismo en lo que se conoce como proceso de capacitación que lo que se está haciendo es establecer las políticas y poner en marcha la estructura de entrenamiento para cumplir con los requisitos de la reforma’, dijo el abogado de Fortaleza.

Por otra parte, el principal asesor legal del Ejecutivo señaló que ‘la creación del Departamento de Seguridad Pública no afecta en nada a la Reforma de hecho, en la Sección 286 del acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal establece que el Gobierno de Puerto Rico puede inclusive fusionar, consolidar, crear otra institución que se encargue de la seguridad, que haga las funciones de la policía o que supervise a la Policía de Puerto Rico siempre y cuando de continuidad al proceso de Reforma y ese es el compromiso de la administración’.

Asimismo, Orona aclaró que la nueva agencia tampoco relega las funciones de la Superintendente de la Policía en darle continuidad al Acuerdo de Reforma.

‘Las operaciones diarias de la Policía de Puerto Rico quedan bajo la figura de la superintendente, o sea quien es todavía la persona que lidera el acuerdo de cumplimiento de la reforma sigue siendo la superintendente; eso no cambia nada. Lo que hace el secretario de Seguridad Pública es dar un seguimiento y en todo caso supervisar que se siga cumpliendo con la reforma tanto en el área educativa como en el área de asensos, de traslados, de rangos y para todas esas áreas se le dio la potestad administrativa de forma tal que la superintendente pueda seguir y continuar con el proceso de reforma.’, resaltó.

‘Queremos dejar claro que ese proceso va a continuar, que se ha notado el cambio en la cultura de la policía y en la interacción de nuestros agentes de ley y orden con los ciudadanos en protección de sus derechos civiles. Yo creo que ha sido positivo ese cambio que se ha dado y esta administración tiene el compromiso de continuar y de concluir con el proceso de reforma de la Policía de Puerto Rico’, explicó.

El caso 12-2039 surgió a raíz de una investigación efectuada por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 2008 y 20011, el cual además contempla allanamientos y registros ilegales, y no proveer adiestramientos a los agentes.

Durante la vista pública de este lunes también están citados el director ejecutivo de ACLU en Puerto Rico, William Ramirez, la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles en la isla, Georgina Candal y la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez, entre otros.