El Comite Negociador del Movimiento Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó hoy, viernes, mediante carta una reunión con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Reconociendo que la política pública de no autorizar la entrada de la Policía a la Universidad permite un espacio de diálogo, ‘aún con la desconfianza que nos genera su proceder al proponerle a la Junta de Control Fiscal, desdeAFAFF, recortes por $512 millones de dólares al presupuesto de la educación superior del país’.

Los estudiantes solicitaron la reunión para que se analicen las propuestas que atenderían sus reclamos.

En la misiva dirigida al gobernador, detallan seis objetivos para el encuentro:

1- Discutir los efectos de los recortes a la educación universitaria pública que tendría el recorte presupuestario que le propusieron a la Junta de Control Fiscal.

2- Discutir las posibilidades de aprobación e implementación de las medidas que componen el Paquete Legislativo estudiantil.

3- Discutir las garantías de acceso a la información sobre las emisiones de bono, de forma tal que podamos hacer la auditoría ciudadana de la deuda.

‘Particularmente, hemos pensado en la posibilidad de que se establezca algún mecanismo claro, ya sea una orden ejecutiva o una ley donde se garantice el acceso a toda la información pública relacionada con las emisiones de deuda y temas relacionados. En concreto, entendemos que esto es necesario para garantizarle al pueblo de Puerto Rico, al Fideicomiso para la Auditoría de la Deuda y a la Comisión Universitaria para la Auditoría de la Deuda, el acceso a la información para hacer el trabajo que queremos desarrollar sobre estos fines’, lee la carta.

4- Dialogar sobre las cuentas por cobrar que quedan pendientes con la Universidad de Puerto Rico.

5- Declarar la educación universitaria como servicio esencial para el pueblo puertorriqueño.

6- Garantizarque va a surgir un espacio participativo, amplio, abierto y democrático para el desarrollo de una Reforma Universitaria.

‘Para ello, entendemos importante que la comunidad universitaria, mediante los espacios auto-convocados y organizados en este proceso de huelga, tengan un espacio de varios meses para desarrollar un proyecto de reforma universitaria que cuente con la participación de las diversas áreas del saber que integran a la comunidad universitaria. Por tanto, solicitamos que se dialogue sobre un compromiso de un tiempo razonable para que se geste ese proyecto de Reforma Universitaria, sin que haya un descargue o aprobación de un proyecto que surja desde la Asamblea Legislativa o desde el Ejecutivo’, solicitaron.

‘Esperamos por su pronta respuesta en ánimos de lograr el diálogo y que se permitan unos entendidos del Gobierno con el sector del estudiantado de las universidades públicas de Puerto Rico’, concluyeron.

Dalmau critica indiferencia del Gobernador a la huelga universitaria

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, arremetió el viernes contra la Administración Rosselló y acusó al primer mandatario y a sus portavoces de esconderse tras un lenguajefatulo de aparente respeto o deferencia a la autonomía universitaria para, realmente, en la práctica incurrir en la indiferencia ante las condiciones críticas que enfrenta el primer centro docente del país.

‘Si bien es cierto que le corresponde a la comunidad académica, estudiantil y no docente resolver en primera instancia la crisis en la UPR para mantener una necesaria e indispensable convivencia institucional, no es menos cierto que en ese proceso el gobierno tiene que asumir un rol mediador y participativo -sin incurrir en imposiciones programáticas o partidistas- que propicie una solución al impase actual’, manifestó el portavoz del PIP en el Senado en declaraciones escritas.

Para el legislador, en momentos en que la Rectora renuncia ante el intento de que interviniera la Policía de Puerto Rico en los portones, ‘es indispensable, como han insistido todos los componentes de la comunidad universitaria y diversos sectores del país, que se respete el principio de la no confrontación y establecer los vínculos o puentes de diálogo para el conflicto’.

‘La consecuencia del recorte de 500 millones de dólares a la UPR, propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF), es el desmantelamiento del sistema universitario público. Para los que creemos en una universidad fortalecida y verdaderamente pública, accesible y democrática, la vía para resolver el conflicto, en primer lugar, es atender todas las propuestas que están sobre la mesa. Segundo, dar espacios reales, no simulados ni de apariencias, para la comunicación y el diálogo genuino que conduzcan a la adopción de estrategias alternas a las que pretende imponer la JCF’, puntualizó Dalmau Ramírez.

‘Repudio enérgicamente la actitud del Gobernador y de su administración de lavarse las manos como Poncio Pilato. Con su inacción lo que busca es provocar un colapso institucional del sistema universitario público, para luego pretender evadir su responsabilidad en este asunto crítico para el país’, sentenció.

El también Secretario General del PIP, reiteró su llamado al Gobernador a que propicie el diálogo necesario sirviendo como justo mediador entre las partes para conseguir una salida armoniosa al conflicto actual.