La jueza Laura Taylor Swain presidirá hoy la primera vista formal del caso judicial de reestructuración de deudas del gobierno bajo el Título III de PROMESA. En la histórica vista, la jueza deberá atender asuntos procesales relacionados al manejo y organización del complejo proceso que tiene ante sí, anticipó a NotiCel el exjuez de quiebras, Gerardo A. Carlo-Altieri.

Según Carlo-Altieri, aunque es la primera vez que el país verá en acción a la jueza, esta ha actuado rápidamente al emitir órdenes bastante claras para que los abogados de la Junta de Control Fiscal, que representa al gobierno, sometan un calendario de trabajo con los requisitos preliminares de información necesaria para encaminar el proceso judicial.

‘Lo que se va a ver son básicamente asuntos procesales sobre cómo se va a manejar el caso. Veo que se está inclinando -como en el caso de Detroit- a tratar de impulsar los acuerdos voluntarios o la mediación dentro del caso de Título III’, sostuvo el exjuez de quiebras.

Además añadió que la jueza ha solicitado un informe que incluye establecer una agenda o calendario de trabajo sobre el plan de ajuste de deudas y detalles del estatus de las negociaciones voluntarias pendientes con los acreedores bajo el Título VI de PROMESA, y potenciales procesos de mediación.

Además, ha pedido un informe sobre la configuración de comités para agrupar a los acreedores que tengan características similares, para agilizar los procedimientos en el caso en el que ya hay sobre 50 abogados.

‘Es posible que en la vista la jueza tenga que oír las partes para determinar cuántos comités se deberán crear. La ventaja del comité es que organiza a los miles de acreedores. Es imposible ver un caso como este si no se organizan en grupos’, indicó.

Por su parte, los abogados de la Junta de Control Fiscal han solicitado consolidar los casos de reestructuración de deuda para simplificar los asuntos procesales y que se le permita completar la lista de acreedores del gobierno en agosto próximo debido a la cantidad de suplidores. También ha pedido que las notificaciones se publiquen durante tres semanas, mediación y administración conjunta. En el proceso se utilizará las reglas de la corte de quiebra del gobierno de Puerto Rico.

‘Hay muchas agencias y la lista de acreedores va a ser sustancial’, señaló el exjuez de quiebras.

Anticipó que una de las controversias que la jueza Taylor Swain deberá resolver de inmediato es la solicitud de Bank of New York Mellon custodio de los fondos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) sobre si se emite el pago a los bonistas que vence el 1ro de junio próximo.

Además, la jueza deberá atender la petición radicada por el gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), solicitando una orden contra los suplidores de recogido de basura, telecomunicaciones, agua y luz para que continúen proveyendo servicios a las agencias sin importar cuánto dinero el gobierno le deba hasta ahora.

Según Carlo-Altieri, el proceso de quiebra en el Tribunal congela automáticamente todas las deudas del gobierno, al momento de presentarse el caso en el Tribunal, lo que significa que el gobierno no tiene que pagar las deudas anteriores, incluyendo deudas a suplidores, contratistas y bonistas.

‘Como funcionan las quiebras normalmente es que se paralizan todos los pagos de deudas viejas. Eso se paraliza. El gobierno no lo tiene que pagar hasta el final del proceso judicial’, señaló el exjuez de quiebras.

Esas deudas, explicó, se pagarían a través de un plan de pago que podría reducir la cantidad de la deuda pagadera a 5, 7, 10 años o el término de tiempo que establezca el Tribunal. No obstante, según Carlo-Altieri los suplidores que continúan ofreciendo servicios reciben su pago por ser un gasto administrativo que tiene prioridad.

‘Todo depende del plan de reajuste que se haga al final del proceso judicial’, reiteró.

Aunque ‘ahora las negociaciones cogen más fuerza. Esto no va a ser fácil para los ni para los abogados, ni para la juez ni va a ser fácil para el Pueblo de Puerto Rico. Es un caso complicado y el pueblo debe esperar momentos muy difíciles’, advirtió el exjuez.