La Administración Rosselló solicitó al Tribunal Federal que incluya dentro del caso de quiebra de Puerto Rico los casos que estaban pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia y mediante los que los senadores Rossana López León y Eduardo Bhatia Gautier solicitaron la publicación de documentos relacionados al Plan Fiscal y del presupuesto del país que el gobierno sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) y que, hasta ahora, han permanecido secretos.

El razonamiento de la Administración Rosselló es que solicitar la publicación de los documentos del Plan Fiscal y del presupuesto constituyen un ataque a la validez del Plan Fiscal y del presupuesto. La solicitud de traslado tiene el efecto de paralizar automáticamente los procesos en el tribunal de Puerto Rico.

Se trata de la primera movida judicial que hace propiamente el Gobierno de Puerto Rico desde la radicación de la quiebra gubernamental de la Isla ya que, tanto las solicitudes de quiebra como algunas solicitudes de paralización de pleitos, las había realizado la JCF. Esto porque bajo la ley PROMESA, es la JCF la representante del gobierno en todo lo que tiene que ver con la quiebra.

La acción del gobierno, mediante el Departamento de Justicia, adelanta la postura de que hasta la publicación de documentos fundamentales, como los análisis que sustentan el Plan Fiscal y el presupuesto sometido a la Junta, son asuntos que se deben dirimir en el proceso de quiebra.La postura choca, de una manera que puede tener consecuencias insospechadas, con el texto de la ley PROMESA que precisamente le reconoce al gobierno el derecho de que ningún tribunal intervenga con sus ‘poderes políticos o gubernamentales’ en tanto y en cuanto es el propio gobierno el que entrega al tribunal la controversia sobre su obligación constitucional de divulgar información pública.

La solicitud también anticipa otro choque en la medida en que la obligación del gobierno de divulgar información pública emana de la Constitución de Puerto Rico y no hay ninguna ley o derecho federal en controversia. El único fundamento que ofrece el gobierno es la teoría novel de que, como hay acreedores disputando la validez del Plan Fiscal y el presupuesto, y como el Plan Fiscal y el presupuesto tienen que ver con la solicitud de quiebra, pues entonces el pleito de los senadores para divulgar esos documentos también tiene que ver con la quiebra y tiene que verse en el Tribunal Federal en vez de los tribunales locales.

‘En este punto, la litigación sobre el Plan Fiscal y los presupuestos (incluyendo demandas que son lo mismo que solicitudes de descubrimiento de prueba en esos documentos) no pueden existir fuera de los procesos de Título III’, argumentó Justicia en los documentos radicados el jueves.

‘Estos litigios [solicitudes de información] afectarían los procesos en Título III porque los retos al presupuesto son necesariamente un reto al Plan Fiscal en el que se basa el borrador del presupuesto. Y la litigación fuera del Título III cuyo único propósito es obtener la divulgación de documentos que son controversia en el Título III obviamente tienen un efecto en el caso del gobierno, incluyendo la posibilidad de determinaciones inconsistentes con relación a obligaciones de divulgación o descubrimiento de prueba’, añade.

Una solución a la mano de la jueza Swain es, como le reconocen los mismos casos citados por el gobierno, decidir que ese tipo de controversia pertenece al caso de quiebra, pero puede ser resuelta por otro tribunal porque no tiene que ver directamente con la discusión sobre a quién se le paga qué en la deuda pública. Esto ya que la pregunta a contestar por la jueza es si la solicitud de los documentos es algo que ‘cae dentro’, ‘surge de’ o ‘está relacionado con’ la quiebra. Dependiendo de la respuesta, la jueza puede permitir que otro tribunal lo resuelva.

La doctrina general es que a los tribunales federales no se le puede obligar a ver casos en los que no tengan jurisdicción e, incluso, la eficiencia de la justicia y el respeto a las leyes y tribunales locales pueden ser razones suficientes para que un tribunal federal se abstenga de resolver una controversia.

El caso de la quiebra de Puerto Rico, se ha anticipado como uno que podría crear nuevas doctrinas por la novedad de la ley PROMESA y porque son procesos sin precedentes claros.

Tras la publicación original de esta historia, la jueza Lauracelis Roques Arroyo archivó el caso de Bhatia en el Tribunal de Primera Instancia por el efecto de la solicitud de traslado.

Moción de traslado en caso de Bhatia – NotiCel_24949

Moción de traslado en caso de López – NotiCel_24950

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en caso de Bhatia – NotiCel_24951