La radicación del Título III de PROMESA supone el inicio de una larga y complicada batalla entre acreedores en la que un juez federal, que debe ser asignado más adelante, evaluará los reclamos de todas las partes y determinará quien recibirá cuánto, cuál será la prioridad y cómo se cumplirá con la acreencia en cuestión.

Más aún, el ‘battle royale’ que se desatará no será exclusivamente entre fondos de inversión, aseguradoras de bonos y otras instituciones financieras, sino que los pensionados, los empleados públicos y hasta los propios contribuyentes también integrarán el campo de batalla en las cortes.

Con la activación del Título III, el gobierno ahora empieza un periodo de paralización a todo reclamo de cobro por cualquier acreedor del gobierno. Eso incluye contratistas y ciudadanos que aún aguardan por sus reintegros, que según el licenciado Rolando Emmanuelli, podríanparalizarse.

‘Lamento decir que con la radicación (del Título III) se paralizan todos esos desembolsos y hay una regla dentro los casos de quiebra que tú no puedes discriminar ni a favor o en contra de un acreedor. Por ende, si tú al radicar no le estás pagando a nadie más, no puedes pagarles a los acreedores de los reintegros. Así que esto es todo por igual’, afirmó Emmanuelli en entrevista con NotiCel.

Los convenios de los sindicatos también serían sujetos a la evaluación del tribunal, pues bajo este proceso se le da luz verde al juez para deshacer cualquier acuerdo establecido entre el gobierno y sus empleados públicos. No obstante, los sindicatos tendrán voz dentro en el tribunal para defender la continuación de sus derechos.

Emmanuelli, además, indicó que la paralización de gestiones de cobro podría ser revertida si el juez valida el argumento del acreedor.

‘Cada acreedor tiene derecho a plantear qué es lo que tiene que hacer el juez en relación a lo que propone el gobierno. Si eso realmente cumple las expectativos o no cumple con las expectativas de la Ley PROMESA, porque la ley PROMESA establece la constitución sobre la cual tiene que regirse ese juez, pero dentro de ese marco legal el juez tiene unas discreciones, y cada acreedor va a hacer sus alegaciones’, sostuvo. Aún así, sería la Junta de Control Fiscal (JCF) la que estaría impulsando la prioridad en los reclamos, lo que a su vez sería evaluado por un juez federal.

Por otra parte, Emmanuelli señaló que la opinión pública también tendrá una gran influencia sobre el proceso de los tribunales, forzando al estado a asumir ciertas posturas en cuanto sus prioridades de pago. En ese sentido, afirmó que las protestas y las manifestaciones públicas son importantes para establecer un reclamo claro.

Inevitablemente habrán recortes para algunos, sino todos los acreedores con este proceso. Según estableció el abogado, la meta debería ser que cualquier recorte a la deuda vaya dirigido a la acreencia de aquellos fondos buitres que se aprovecharon de las condiciones de emisión de deuda para comprar barato y recibir ganancias onerosas e insostenibles para el país.