Washington – No solo la fecha del plebiscito sobre el status político de Puerto Rico pautado para el 11 de junio parece estar en el aire. Tampoco se descarta que los materiales educativos y la papeleta ya enmendada tendrían que ser enmendados de nuevo.

El gobernador Ricardo Rosselló entregó formalmente el martes a funcionarios del Departamento de Justicia federal las enmiendas a la ley que convoca el plebiscito y acordaron ‘que vamos a estar trabajando de la mano’ para que un plebiscito avalado por el gobierno federal se haga realidad.

Pero no ha recibido respuesta a las enmiendas a la ley, y no sabe cuándo llegará.

‘Tiene que haber una respuesta de ellos. Eso va a tomar cierto tiempo que no está definido,’ puntualizó Rosselló en entrevista durante una visita en Washington para cabildear por los fondos de Medicaid para la isla y para ofrecer un discurso en la Fundación Heritage, una de las conservadoras más reconocidas.

Y sobre la fecha del 11 de junio, Rosselló dejó entrever que podría cambiar.

‘Todas estas cosas se están discutiendo y apenas ayer comenzamos esta discusión, y mi compromiso es poder hacer los cambios que sean necesarios para que el gobierno federal pueda validar este proceso,’ afirmó el gobernador.

El estatuto federal bajo el cual se quiere realizar el plebiscito requiere que el Secretario de Justicia federal determine que la papeleta, la campaña y los materiales educativos de la consulta cumplan con las leyes y la política pública de los Estados Unidos. Al aprobarlo, el secretario le pasaría a Puerto Rico $2.5 millones para llevar a cabo el plebiscito, fondos reservados con ese fin en legislación durante la administración del presidente Obama.

El plebiscito incluía las opciones de estadidad o independencia/libre asociación. Luego de evaluar la ley por siete semanas, el Jueves Santo el departamento regido por Jeff Sessions rechazó la consulta propuesta por el gobierno de Rosselló porque no incluía el Estado Libre Asociado actual como una opción.

Esta decisión del Departamento de Justicia surgió luego de que ocho senadores republicanos le solicitaron a Sessions a principios de abril que no aprobara el plebiscito porque no incluía el ELA.

La decisión suscrita por el subsecretario de Justicia, Dana Boente, también explicó que la opción de libre asociación podría malinterpretarse como un ‘estado libre asociado mejorado’, opción considerada inconstitucional en el pasado, y que contenía información y aseveraciones equivocadas sobre la permanencia de la ciudadanía estadounidense.

A regañadientes, Rosselló optó por enmendar la ley para incluir el estatus territorial vigente. En la ley enmendada, no lo cataloga como el Estado Libre Asociado o un ‘Commonwealth’ como se conoce en inglés en los Estados Unidos. Esta nueva versión está ante la consideración del Departamento de Justicia federal.

Luego de la decisión federal, los dos partidos principales de oposición – el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño – anunciaron que boicotearán el plebiscito. Al considerarse la ley de plebiscito enmendado en las esferas federales, Rosselló no descartó que pudiera haber más cambios.

‘Yo no voy a ser intransigente, pero tampoco vamos a ser sumisos. Esa es la consigna,’ enfatizó Rosselló.

‘Nosotros, lo que entendamos que todavía produzca un plebiscito que sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico y que tenga el aval del gobierno federal, por supuesto vamos a considerar esos cambios,’ añadió.

Ante un público bastante receptivo en la Fundación Heritage, Rosselló abogó por la estadidad y le urgió a los activistas, empresarios y políticos presentes que levantaran su voz para que en Estados Unidos le permitieran a los puertorriqueños decidir su futuro político.

‘Permítannos trazar un camino hacia adelante para que la gente de Puerto Rico pueda decidir, para que nosotros como ciudadanos estadounidenses podamos seguir trabajando para esta nación, pero como una parte de los Estados Unidos con igualdad, si así nuestra gente lo determina,’ concluyó.