El presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico (APGPR), Roberto Aquino, indicó que al presente la Administración del Sistema de Retiros del Gobierno (ASR) tiene un deficit mensual de flujo de efectivo de entre $65 millones y $70 millones. A juicio suyo la propuesta de ajustes escalonados para aquellas pensiones mayores de $2,000 en el plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares quedaría insuficiente para allegar mayor liquidez al sistema que atienden, además que incumple con la meta de $200 millones que fijó la Junta de Control Fiscal (JCF).

El lunes laJCFcertificó el Plan Fiscal presentado por el gobernador RossellóNevares con una enmienda a los efectos de que, de no lograrse ahorros de $200 millones adicionales a los proyectados para este año fiscal, entraría en efecto un recorte a todas las pensiones de un 10%. Esa enmienda es por encima, y adicional, a la propuesta del Gobernador de atajar la crisis de Retiro imponiendo recortes progresivos a las pensiones de más de $2,000 mensuales.

Las aportaciones que se sacasen irían a solventar el Sistema de Retiro, que hasta la fecha cuenta con aproximadamente $600 millones en caja y se proyecta quedaría insolvente en cuestión de meses.

‘De dónde se quiere sacar el 10% (que pidió la Junta)? De ese 14%? No van a poderlo sacar porque son alrededor de $200 millones que le está pidiendo la Junta al gobernador. Por lo tanto, de esos $200 millones con el 14% imponiéndole la tabla que él hizo no recuperas los $200 millones. Recuperas alrededor de $60 millones’, dijoAquinoaNotiCel.

En un mensajetelevisadoel lunes, acompañado de jefes de agencias, corporaciones públicas y legisladores de la mayoría azul,RossellóNevares declaró que la certificación de su Plan Fiscal garantiza que las pensiones de los más vulnerables estarán protegidas.

Las condiciones que impuso laJCFal certificar el Plan Fiscal incluyen la identificación de unos $200 millones adicionales en ingresos, partida que el gobierno tendrá que identificar claramente dentro el presupuesto que presentarán a ese cuerpo antes del 30 de abril.

Entre el total de pensionados y beneficiarios de laASR, la judicatura y el Sistema de Retiro de Maestros (SRM) un 13.4% podría formar parte del programa de aportaciones escalonadas que empuja la administración de RossellóNevares como alternativa al recorte de 10% de todas las pensiones que propone la JCF.

Según un desglose que proveyó la ASR a NotiCel y que incluye datos sobre estos tres sistemas de retiro, de un universo de 165,830 pensionados y beneficiarios unos 22,251 caerían dentro del alcance de las propuestas aportaciones progresivas. Inversamente, unos 143,579 – o un 86.6% – quedaría fuera de este sistema por ingresar menos de $2,000 mensuales.

El monto de estos, catalogados como ‘los más vulnerables’ por la Junta y la administración, se concentran en la ASR y el SRM. En el caso de la ASR unos 110,927 pensionados – un 90% – reciben menos de $2,000 mensuales y en el caso del SRM son 32,545 – un 75.6%. Proporcionalmente, esto supone que la gran mayoría de los pensionados de los tres sistemas cobija la población más vulnerable; es decir, la que podría verse perjudicada de imponérsele un recorte de 10% a sus cheques mensuales.

Lo inverso, sin embargo, ocurre en el caso del Sistema de Retiro de la Judicatura. De un total de 431 pensionados y beneficiarios solo 107 ingresan menos de $2,000 – un 24.8% – mientras 324 reciben más de $2,000. Como cuestión de hecho, 174 jueces reciben cheques mensuales de entre $5,000 y $6,000 – un 40.3% – lo que supone la mayoría dentro ese sistema en particular.

El domingo, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura exhortó al Gobernador mediante carta a no tocar las pensiones que reciben pues implica un ‘grave menoscabo a la democracia’. En la misiva solicitaron que cualquier cambio sea prospectivo.

Así las cosas, y para cumplir con las expectativas de la Junta, la administración pretende generar $200 millones para el año fiscal 2019 aplicando una contribución escalonada al 13.4% de todas aquellas pensiones que mensualmente ascienden los $2,000 – o unos 22,251 jubilados.

A modo de contexto y sin tomar en cuenta el sistema de escalas que propone la administración – que varía de 6% hasta 24% con las cuantías más altas pagando más – este panorama supone que los 22,251 pensionados elegibles tendrían que aportar $4,500 anuales para llegar a los $200 millones que la JCF pide alcanzar para el año fiscal 2019.

Pensionados y Beneficiarios distribuidos por Pensión mensual_23605