Pese a que la administración de gobierno está dispuesta a proveer apoyo tecnico a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para confeccionar su propio plan fiscal – que ahora debe incluir recortes de $450 millones para el 2022 – aún se mantienen firmes en que la institución debe ejecutar los recortes solicitados sin contar con algún compromiso por parte del gobierno central.

En ese sentido, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, indicó que el Plan Fiscal que presentó el gobierno central se ajusta a los movimientos de efectivo dentro del fondo general, donde la UPR obtiene gran parte de sus fondos mediante fórmula. Por tanto, Rosario señaló que la administración universitaria tendría que cumplir pues el Plan Fiscal ya incorporaba los recortes a la UPR.

‘El plan fiscal de nosotros se ajusta a los parámetros del fondo general y en efecto la UPR tendría que presentar un plan fiscal, si no pide alguna otra medida adicional con la Junta de Supervisión Fiscal para atender esa deficiencia’, dijo Rosario en rueda de prensa tras la reunión de la Junta.

El viernes la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, anunció mediante declaraciones escritas que no entregará un plan fiscal antes del 31 de marzo y solicitó una reunión presencial con el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, ‘para poder llegar a un entendido que asegure la permanencia de la UPR y que le permita tener un rol protagónico en la recuperación de Puerto Rico’.

Rosario insistió que ya el gobierno puso de su parte al aprobar el 15 de febrero una orden ejecutiva encaminada a promover los servicios de la Universidad entre todas las dependencias del estado, principalmente adiestramientos. Recordó además que la semana pasada varios jefes de agencia se reunieron precisamente para dilucidar los servicios que puede ofrecer la institución.

Según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, esta orden daría a la UPR acceso a unos $450 millones que el gobierno desembolsa en contrataciones externas.

Entretanto el integrante de la JCF, José Ramón González, explicó a preguntas de la audiencia en el auditorio del edificio federal Alexander Hamilton que lo que procuran es establecer un balance entre todos los gastos del gobierno de manera que puedan continuar proveyendo servicios esenciales.

‘Esa es una decisión de prioridades que los puertorriqueños, a través de su gobierno electo democráticamente, tienen que poner sobre la mesa… la pregunta es cómo se balancean las prioridades del gasto público para asegurar que se continúe proveyendo los servicios esenciales y que se mantiene lo más enteramente el funcionamiento del gobierno’, dijo González.