La disputa legal por la entrega de querellas custodiadas por el municipio de Guaynabo por hostigamiento sexual contra Hector O’Neill Rosa, hijo del alcalde Hector O’Neill García, quedó resuelta en el plazo de una hora al suscitarse un acuerdo entre las partes.

El acuerdo se produjo por iniciativa de la magistrada federal Silvia Carreño luego que el abogado de la parte demandante, José Francisco Quetglas, afirmara que desde el mes de noviembre la representación legal del municipio no ha respondido a solicitudes para reunirse para resolver la controversia fuera de corte. La representación del Municipio insistió que sin una orden judicial no entregarían los documentos.

Tras sostener una reunión a puertas cerradas, Carreño determinó que el ayuntamiento tendrá hasta finales del mes de abril para producir los documentos que la parte demandante solicitó. El detalle sobre la naturaleza de estos documentos, sin embargo, no fue revelado por el licenciado Luis Pérez Giusti, representante legal del municipio.

‘Todo eso se resolvió y acordamos un plan de acción a seguir con el resto de descubrimiento de prueba’, se limitó a indicar Pérez Giusti al salir de la sala 8 del Tribunal Federal.

Por su parte,Quetglas explicó que en esencia el municipio tendrá que producir toda la información que solicitaron durante el proceso de interrogatorios, que incluyen las querellas previamente radicadas contra O’Neill Rosa. Señaló que han identificado al menos cuatro denuncias adicionales a la de su cliente, Inés Jelú Iravedra.

Como demandante en este caso, Jelú Iravedra alega que desde el 2012 hasta el 2015 fue víctima de un patrón de hostigamiento sexual iniciado por O’Neill Rosa, quien realizaba tareas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo y frecuentemente acudía a la División Legal donde ella trabajaba. Ella fue sometida a actos lascivos sin su consentimiento, acoso y persecución, invitaciones explícitas a tener sexo y comentarios de naturaleza sexual.

El documento cuenta que la demandante agotó todos los remedios administrativos dentro del municipio para denunciar la conducta de hostigamiento sexual, pero tanto el anterior director de la División Legal, Héctor Hoyos, como la actual directora de esa oficina, Ana Quintero, no atendieron sus múltiples denuncias.

Según Quetglas, esto fue resultado de una política ‘no escrita’ que el propio alcalde autorizó para normalizar este tipo de comportamiento y castigar cualquier denuncia hacia el mismo.

‘Nosotros estamos alegando que el alcalde es quien inicia una política no escrita en el municipio, que es la que hemos descrito en la demanda, donde es permisible que los supervisores se acuesten o tengan relaciones sexuales con las empleadas’, dijo Quetglas afuera del tribunal.

‘Estamos alegando que hay una intención de discriminar por parte del municipio hacia las mujeres por razón de sexo incluyendo el hostigamiento sexual y esta evidencia de otros actos es altamente pertinente a la intención del municipio de permitir el hostigamiento sexual en el empleo y de tomar represalia contra aquellas mujeres que se quejan o denuncian el hostigamiento sexual’, agregó.

El caso aún se encuentra en su fase de descubrimiento de pruebas, a pesar que fue radicado en abril del año pasado. La víctima reclama una compensación de $10 millones.

O’Neill García tendrá que deponer

Aunque el principal demandado es el hijo del alcalde de Guaynabo, la demanda especifica que este sigue el ejemplo de su padre, quien también ha enfrentado señalamientos por hostigamiento sexual, tanto recientemente como en el pasado. La pasada semana se supo que O’Neill García transó una querella por hostigamiento sexual radicada ante el Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) por una agente de la policía por la cual ella recibió una compensación de $300,000 y ratificó un acuerdo de confidencialidad.

Sin embargo, Quetglas anticipó que O’Neill García será sentado como testigo para deponer en el caso para responder por las alegaciones que se hicieron tanto en esta demanda, como también aquellas que se hayan hecho en la documentación que el ayuntamiento deberá entregar.