Los miembros de la Junta de Control Fiscal aprobaron mediante reglamento someter una, abarcadora información sobre sus intereses financieros tal y como requiere PROMESA. Sin embargo, los informes financieros no tienen ninguna consecuencia ya que no están obligados a certificar la información so pena de perjurio.

El alcance del reglamento aprobado por los miembros de la JCF y los formularios anejados para someter la información financiera de estos, confirma que contrario a la regla general en este tipo de documento, los mismos no son juramentados. Es decir, de omitir o faltar a la verdad en algún área, no tendría consecuencia penal alguna para sus miembros.

Aunque deben ser revisados por un oficial de ética, según dispone el reglamento, hasta el momento no hay oficial designado, confirmó el portavoz de prensa de la JCF,Edward Zayas. De hecho, los primeros informes financieros de la Junta de Control Fiscal publicados el 28 de febrero, no están firmados por oficial de ética alguno, lo que supone que no han sido revisados para constatar la información brindada.

Un análisis realizado por Noticel del reglamento y anejos, confirma que incluso contienen varias excepciones que podrían representar huecos en la transparencia de las finanzas de los miembros de la junta fiscal.

‘El formulario establecido para que los miembros de la junta sometan sus informes financieros no tiene una certificación so pena de perjurio que es lo que se utiliza normalmente en este tipo de documento financiero para que la persona que lo lea tenga algún grado de confiabilidad de que la información es completa y correcta’, sostuvo el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez.

De acuerdo al abogado, el lenguaje utilizado en el formulario es una mera certificación que de acuerdo al mejor conocimiento la información es correcta, lo que permite omisiones o distorsiones del que brinda la información, convirtiéndola en un mero desglose en el que los miembros de la junta pueden ser laxos en sus explicaciones que ‘sin querer’ pudiera haber olvidado algo.

Resulta extraño que la junta no haya aprobado un formulario utilizando ese concepto de certificación so pena de perjurio ya que es muy usual en documentos financieros del gobierno federal. Explicó que en Puerto Rico se utiliza, por ejemplo, en las planillas de contribución sobre ingresos, que el individuo firma certificando que toda la información es correcta.

‘Tampoco es un estado financiero. No tiene que ser certificado por un CPA, al menos compilado como se le requiere a los funcionarios electos antes de juramentar a sus cargos’, añadió la Contadora Pública,Yazmín Colón.

Se supone que los estados financieros de la junta se hayan divulgado después de ser revisados por el oficial de ética; pero los documentos publicados en el portal de la junta no están firmados por nadie’, insistió Emmanuelli Jiménez.

Llama la atención que los informes financieros sometidos solo contienen información del último año, por lo que no está sujeto a divulgación el término en que al menos tres miembros de la junta tuvieron alguna relación con el gobierno. Carlos García y José R. González presidieron el Banco Gubernamental de Fomento. José Carrión III además de recaudador y donante del Partido Republicano presidió la junta de directores de la Administración de Compensación por Accidentes de Tránsito (ACAA) y el Fondo del Seguro del Estado.

‘Al revisar el documento en la parte donde se divulgan las posiciones en las que ha estado trabajando por los últimos dos años, dice que no tiene que reportar posiciones que haya ocupado en entidades políticas’, cuestionó Colón destacando que del lenguaje utilizado no se desprende que solo se refiera a los partidos políticos sino también al gobierno.

Otro asunto que levanta suspicacia es que el documento no obliga a que se haga público, vía excepción, relación contractual en casos confidenciales, como entidades sujetas ante un grado jurado o cualquier divulgación prohibida por reglas éticas profesionales, como es el caso de los abogados y los contadores públicos autorizados.