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Gesto de ‘buena fe’ a los acreedores el propuesto aumento al pago de deuda

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Las proyecciones de ingreso que produjo la Junta de Control Fiscal (JCF) en la carta que enviaron a mediados de enero anticipaban un sobrante de $800 millones que se podrían usar para el servicio de la deuda, luego de ejecutar los recortes y ahorros que requirieron en el tamaño del gobierno, salud, pensiones y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Ya sometido el Plan Fiscal, la administración de gobierno procura revisar las proyecciones iniciales de la Junta al cumplir con los mandatos establecidos en esa misiva y proponer otras medidas, como una reforma de salud, que podrían superar expectativas de ingresos.

Según el Plan Fiscal, el nuevo sobrante que tendría el gobierno para servicio de la deuda sería de $1,200 millones, una reducción de aproximadamente 66% al servicio de la deuda, que para el 2019 ascenderá a $3,800 millones. Así las cosas, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares propone superar la cantidad que la JCF propuso para el servicio de la deuda.

En rueda de prensa, el primer mandatario defendió este propuesto aumento por entender que pregonaría a los acreedores la disponibilidad del estado para renegociar la deuda de buena fe bajo el titulo VI de la ley PROMESA.

‘Esto lo que nos permite es tener un plan que va a ser certificado y nos permite comenzar a establecer lo que serían las discusiones de buena fe para renegociar los términos de la deuda’, explicó el gobernador.

En esa línea justificó la movida al indicar que este recorte es mayor a las propuestas reducciones dirigidas a la salud y las pensiones. Dijo además que esto demuestra que pueden cumplir con un plan ‘que no atenta contra la ciudadanía de tal forma y todavía tenemos dinero para el pago de la deuda’.

Sin embargo, el documento además ilustra que el servicio de la deuda podría aumentar por $1,500 millones – para un total de $2,700 millones en servicio de deuda – si continúa la asignación federal provista por el Affordable Care Act (ACA). Esto pues reemplazaría la aportación de la misma cantidad que tendría que asumir el gobierno local para el área de la salud.

Según Rosselló Nevares, esta proyección va dirigida a fortalecer el argumento a favor de la continuidad de financiamiento federal en el área de salud para así generar ahorros adicionales que se podrían dirigir al servicio de la deuda. No obstante, hizo hincapié que esta cifra no representa paridad en fondos federales a la salud, reclamo que también consigna la administración y de igual manera otros sectores en la Isla.

‘Nosotros estamos abiertos a poder, si por ejemplo, se incluye los ahorros potenciales del nuevo modelo de salud que estamos diseñando, ahí también tendremos unos ahorros. Si se incluyen los fondos del ACA que ahora mismo no se contemplan, y quiero puntualizar que esto no es paridad, hay dos cosas diferentes. Esto es presumir que los fondos que tenemos ahora van a continuar. Es muy diferente a tener paridad. Si tuviésemos paridad esos son muchos cientos de millones de dólares más’, expresó Rosselló Nevares.

El gobernador indicó que en las próximas semanas estaría discutiendo este particular con la JCF, luego de insistir que han sido fieles en el cumplimiento de los objetivos numéricos que mandató ese cuerpo para enderezar las finanzas públicas.

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