En lugar de detallar cuáles serían los servicios esenciales que entienden no deben ser interrumpidos bajo ninguna circunstancia, el Plan Fiscal que presentó la Administración Rosselló a la Junta de Control Fiscal (JCF) optó por catalogarlos bajo cinco áreas de ‘servicios críticos’.

Sin embargo, hasta el momento la ilustración de estos servicios críticos sirve como punto de partida para que el gobernador posteriormente los designe así. Según el representante del gobernador ante la JCF, Elías Sánchez, el primer mandatario emitirá, mediante orden ejecutiva o legislación, la designación oficial de estas cinco áreas como los servicios públicos que no tocarán durante la vigencia de la ley PROMESA.

El Plan Fiscal enumera las siguientes como servicios críticos:

Salud: Servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento; Salud mental y tratamiento por sustancias controladas; Cuidado de emergencia.

Educación: De grados K-12, vocacional y educación especial; Estudios post secundarios y en deportes y recreación.

Seguridad Pública: Litigación de querellas y asesoría legal para el gobierno; Adjudicación de querellas criminales y civiles, incluyendo disputas laborales y asuntos de administración de sustento de niños.

Departamento de Justicia: Prevención e investigación criminal; Respuesta a desastres y emergencias; Custodia de reos; Protección de menores y familia; Protección del ambiente.

Infraestructura Pública: Mantenimiento y reparación básica de carreteras públicas; Administración de edificios públicos; Puertos; Red energética; Suplido de agua y acueductos; Tecnología de información; Expedición de permisos; Capacidades básicas de desembolso y cobro; Tareas básicas legislativas y ejecutivas para asegurar continuidad de negocios y desarrollo económico.

Los tipos de gastos que cada una de estos servicios críticos también se desglosan en otras nueve categorías:

Nómina regular – Pago a empleados regulares, transitorios y oficiales designados con sus debidas aportaciones.

Relacionado a nómina – Beneficios marginales como celulares, gastos de acomodo, bonos de navidad y verano, liquidaciones por licencias de enfermedad y vacaciones.

Gastos capitales – Fondos usados para adquirir o mejorar propiedades, edificios industriales o equipo.

Gastos operacionales – Utilidades, renta, equipo, mercadeo, servicios profesionales, seguros y otros gastos misceláneos incurridos en la operación de la agencia.

Pareo de fondos – Fondos relacionados a programas federales.

Gastos de reestructuración de la deuda – Gastos de la JCF, servicios legales, financieros y técnicos orientados al desarrollo e implementación del Plan Fiscal.

Pagos al servicio de la deuda.

Transferencias a municipios u otras entidades.

Ayudas, donativos y becas.

La transformación gubernamental que la administración empezó con medidas como el presupuesto base cero y el empleador único servirían para reducir el gasto en cada una de las áreas. Aun así, el documento anticipa que para el próximo año fiscal las reducciones que se ejecutarían resultarán en ahorros de $200 millones en gastos operacionales y transferencias y $100 millones en servicios profesionales, ayudas y becas, y ‘otros gastos’.

Sin embargo, Sánchez no anticipó que esta transformación gubernamental – que en esencia consiste en reducir el número de dependencias públicas a 35 o 40 – se completaría dentro del plazo de dos años que solicitó la Junta para enderezar las finanzas.

‘Ese proceso, eso no se hace en dos años. Pero eso no tiene que ver con llegar al número necesario para el 2019’, declaró en rueda de prensa.

Para tener aún más control sobre los desembolsos de estos servicios críticos, se contempla la creación de un ‘Grupo para la Autorización de Desembolsos (Disbursement Authorization Group oDAG en inglés) compuesto por el secretario de Hacienda, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Principal Oficial de Información, o sus respectivos oficiales designados. Estos se encargarían de los desembolsos del día a día del gobierno, principalmente en el área de deuda y otros gastos que drenen el flujo de efectivo.

El DAG además tendría inherencia sobre cualquier desembolso sobre $100 mil dólares relacionado a fondos federales, pago a suplidores, reintegros y otros fondos con destino identificado.