El Plan Fiscal que sometió el Gobierno de Puerto Rico anoche a la Junta de Control Fiscal (JCF) le pide a ese cuerpo que someta al Presidente y al Congreso un informe de emergencia en el que pidan que se enmiende la ley PROMESA para que la paralización de pleitos de acreedores se posponga de la fecha actual del 1 de mayo a la propuesta del 31 de diciembre de 2017.

La solicitud responde a la decisión del gobierno de basar su manejo de la deuda en negociaciones consensuales con los acreedores mediante el Título VI de PROMESA. El proceso de reestructuración mediante el Título III, el cual el gobierno está descartando, implica la intervención del tribunal y de la Junta en un proceso muy similar a los de quiebra, mientras que en el Título VI las partes se sientan a negociar de manera voluntaria sin supervisión judicial. Se asume que en 2017 no se realizarán pagos pendientes de deuda del Banco Gubernamental de Fomento ni de Obligaciones Generales.

Esta solicitud se hace a la vez que el gobierno admite que todavía no ha definido lo que son ‘servicios esenciales’ y que el Plan Fiscal sometido anoche podría cambiar cuando lleguen los estados financieros auditados del gobierno para 2015 y 2016.

El Plan no cumple con las exigencias de la Junta en cuanto a cantidad de recortes, particularmente en el área de salud, y no cumple con el término de dos años de implantación que quería la Junta sino que extiende la implantación por al menos tres años y contempla que el crecimiento económico vuelve a registrarse, nominalmente, en 2020. También, depende fundamentalmente de la continuación del impuesto a las foráneas hasta el 2027, una realidad que el Departamento del Tesoro federal puede alterar. Depende también de reducir pagos del Fondo General a la UPR por $300 millones, de eliminar subsidios municipales por $350 millones y de eliminar incentivos por $100 millones.

Algunos puntos sobresalientes del Plan:

Modificaría pensiones de más de $2,000 dólares al mes para reducirlas entre seisy 24% e implantaría sistema de pensiones ‘pay as you go’

Trae aumentos en pago de marbetes (10%), multas (10%) y el seguro de ACAA (10%)

Reduciría los beneficios de los empleados de las corporaciones públicas para que sean iguales a los beneficios de empleados del gobierno central

Impulsa concesiones o privatizaciones en procesamiento de multas, expendio de licencias, lanchas, guaguas públicas, estacionamientos, aeropuertos y mantenimiento de edificios públicos

Aumentaría el impuesto a la propiedad de 0.38% a 0.65% en la tasa efectiva y de 1.18 a 2% en la tasa nominal

Medidas de control de gasto en el plan de salud público incluye identificar a los que tengan el seguro público y también uno privado, mandatar el uso de medicamentos genéricos, más descuentos en costo de farmacia y que el gobierno solo pague unos servicios básicos para que otros servicios los tenga que asumir el asegurado

Crear oficina de informantes en el Departamento de Hacienda para que delaten la evasión contributiva y reciban recompensa basada en lo que el gobierno pueda cobrar

Contempla, mediante Alianzas Público Privadas o mediante procesamiento como ‘proyecto crítico’ bajo PROMESA, un nuevo Centro Médico, nueva planta de gas natural, desarrollo de Aguirre Gasport, y un proyecto en la UPR sobre ‘vida estudiantil’

Centralización del sistema de compras y contratación del gobierno

Plan Fiscal febrero 2017_23385