Hasta que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no cuente con la totalidad de sus integrantes, las decisiones difíciles que tienen que tomar, y que se incluirían en el plan fiscal de la institución, no contarán con el aval de la mayoría de ese cuerpo.

Esa fue la advertencia que lanzó anoche el presidente de la Junta, Carlos Pérez, al gobernador RicardoRossellóNevares ante su inacción para llenar las cinco vacantes que persisten en ese cuerpo rector.

‘Si no nombran esas cinco personas, y hasta un posible sexto, no va a haber decisión en esta junta’, sentenció Pérez durante la reunión extraordinaria de ese cuerpo el lunes.

Frank Catalá, integrante de ese cuerpo cuyo nombramiento no fue confirmado por el Senado, indicó que su silla está a la disposición del gobernador. En ese sentido, hizo referencia al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, quien a mediados del mes señaló que llenar las vacantes será un proceso extenso que tendría que pasar por el Senado.

‘Esa misma persona (Rosario), el nombramiento de él llegó por la mañana y por la tarde ya estaba confirmado en su posición. O sea que ese argumento que utilizó no tiene validez alguna’, indicó Catalá al representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Alejandro Camporreale, quien participó en la reunión por teléfono.

‘Así que en manos del Gobernador está hacer esto una junta completa, si quiere ayudar la universidad’, agregó Catalá quien después pidió a Camporreale a hacerle llegar el mensaje al gobernador.

En un aparte con la prensa, tras concluir la reunión, Pérez dijo estar seguro que de los nueve miembros de la Junta, cuatro votarían en contra de cualquier medida de austeridad o aumento de costo que incluya el plan fiscal de la UPR.

Catalá, por su parte, explicó que al presente la Junta no está operando a completa capacidad pues entre los nueve integrantes han tenido que dividir el mando de varios comités encargados de mejorar la calidad del componente administrativo y académico de la institución

La presidenta interina, Nivia Fernández, insistió que esa es la decisión que ha tomado la Junta de Gobierno por entender que sería la única manera que puedan acordar un plan fiscal adecuadamente. ‘La recomendación del equipo, del cuerpo de la Junta de Gobierno es que se necesita contar con toda la Junta de Gobierno para poder ponderar, como amerita el proceso, un plan fiscal para la UPR’.

Los representantes estudiantiles, Gilberto Domínguez y Pedro Rodríguez, recordaron que han hecho el reclamo desde noviembre del año pasado y señalaron que ese cuerpo no podrá operar a capacidad hasta tanto las vacantes se ocupen.

En manos de la Junta de Gobierno implantar la matrícula ajustada a los ingresos

Entre los representantes estudiantiles surgió la duda de quién está ordenando la introducción de la matricula ajustada a los ingresos, luego que el secretario de Asuntos Públicos indicara que sería la universidad quien se encargaría de considerar su implantación en la UPR.

La Presidenta Interina indicó que esa premisa es una que proviene de las recomendaciones que emitió la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobierno. Sin embargo, Pedro Rodríguez, representante estudiantil subgraduado, cuestionó al representante de la AAFAF si ese mecanismo es obligatorio incorporarlo o si es opción de la Junta.

Camporreale insistió que la directriz de la ley PROMESA va dirigida a recortar gastos en todo el gobierno, incluyendo la UPR, por lo que advirtió a ese cuerpo a alinearse detrás de la propuesta que vayan a presentar ante la JCF, o de lo contrario ellos determinarían la ruta de recortes.

No obstante, aunque indicó que dentro el escenario fiscal de la UPR se requieren recortes, afirmó que existe la lejana posibilidad de evadir un aumento en la matricula si encuentran otras fuentes de ingresos y ahorros. ‘No puede hacer un plan fiscal en el aire, no pueden identificar que vamos a generar unos ingresos viendo cosas que no existen ahora porque eso no es sostenible. Cosas que son sostenible ahora mismo ahora mismo y recurrentes pues la matrícula es una de ellas’, expresó Camporreale.

En esa línea agregó que si la UPR puede encaminar reformas administrativas y estructurales que permitan generar ahorros de cerca de $300 millones pues el impacto a la matricula podría ser menor.