Tres miembros de la disuelta Comisión para la Auditoria Integral del Credito Público, radicaron hoy, lunes, un recurso legal en el Tribunal de San Juan para que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, ‘cese y desista de intervenir indebidamente con la Comisión mediante la destitución de sus miembros y restituya de manera inmediata a los miembros del interes público ilegalmente destituidos’.

En el interdicto preliminar y permanente alegan que mediante la destitución de sus miembros el gobierno ha ‘provocado daños irreparables e irreversibles a los demandantes, actuando de manera arbitraria, caprichosa e ilegal’. Según explicó la licenciada Mariana Irriarte, la demanda se realiza para que se reconstituya la Comisión y se pueda dar paso a los contratos que están en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) pero que no se han puesto en vigor.

A preguntas de este medio de cuánto costará la restitución de la Comisión, Rodríguez Pagán, informó que el organismo está compuesto por 19 personas, aunque explicó que los miembros del cuerpo no cobran ningún tipo de honorarios ni dietas. El presupuesto par auditar la deuda con una auditoría forense tenía un presupuesto asignado de $5.8 millones, de los cuales solo se emitieron $700 mil.

‘Aquí hay opiniones de grandes economistas y de grandes personalidades que entienden que ante una situación como la que enfrenta Puerto Rico para el pago de una deuda el paso inicial debe ser la auditoría de la deuda’, sostuvo RobertoPagán Rodríguez, quien presidiera la Comisión.

Según los demandantes, ‘la actuación nula e ilegal del Gobernador ha provocado que la Comisión no pueda ejercer las funciones para la cuales se constituyó’. Entre ellas, no ha podido pagar haberes adeudados al otrora Coordinador Ejecutivo y ante la incertidumbre en la que se encuentra, tampoco Masías, Gini y O’Connell han podido comenzar los trabajos para los cuales fue contratado, aún cuando existe un contrato firmado y registrado en la Oficina del Contralor.

De igual manera, la Comisión se ha visto impedida de reunirse, contratar a una nueva o a un nuevo oficial ejecutivo para darle continuidad a los trabajos, trabajar en nuevas auditorías, e informar a la ciudadanía sobre el estado de los trabajos, entre otros’.

Según Pagán, lo anterior ‘priva al pueblo de Puerto Rico de conocer la verdad sobre la forma y manera en que se ha endeudado a nuestro país, cuál es el monto real de la deuda, si se cometieron ilegalidades en las emisiones y el uso que se le dio a los fondos adquiridos’.

Los demandantes informan que la Comisión debe estar en funciones hasta que concluya su encomienda o ‘hasta que la Comisión concluya sus trabajos’, por lo cual ‘la acción del Gobernador excede los poderes en la Ley 3-2017 y es, a todas luces, ilegal’.

Además, la demanda reitera que ‘la Comisión es una de naturaleza legislativa por lo cual el Primer Ejecutivo no tiene autoridad, para remover a los miembros que representan el interés público’. Esto es así porque la Comisión es un ente independiente con total autonomía jurídica y administrativa que promueve auditorías transparentes e independientes.

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