La fiscalía federal solicitó al juez Pedro A. Delgado que emita la orden con la que se comenzaría el proceso formal de confiscación, y eventual subasta, del palacete que levantó el convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernánde Perez.

La solicitud, registrada el lunes en la tarde, ocurre en momentos en que la jefa de fiscales, Rosa Emilia Rodríguez, mantiene a muchos en la expectativa de que ocurra una segunda ronda de acusaciones y arrestos.

También coincide con la información de que el hermano del exgobernador Alejandro García Padilla, el ejecutivo de seguros Luis Gerardo García Padilla, salió de la vicepresidencia de Ventas de la aseguradora MMM. Tanto Luis Gerardo como Alejandro García Padilla fueron mencionados como participantes de uno de los esquemas de fraude incluidos en la acusación contra Hernández Pérez, pero no fueron acusados.

En el caso del ejecutivo, hubo testimonio a los efectos de que el convicto lo tenía como contacto en la administración de su hermano para empujar los asuntos y las personas que le interesaban a Hernández Pérez y que, en cambio, el convicto cubrió gastos al ejecutivo que incluyeron servicios de prostitutas.

‘Es correcto que el Sr. Luis García Padilla, ya no labora en MMM Healthcare, LLC., sin embargo, nuestra empresa no comenta sobre asuntos relacionados con el personal. Como siempre, nos mantenemos enfocados en continuar fortaleciendo nuestros equipos de trabajo en beneficio de los afiliados que atendemos’, dijo Myriam Aguilú, directora de Relaciones Públicas de MMM.

Una vez aprobada la solicitud por el tribunal, el aviso de confiscación saldrá en el portal forfeiture.gov y el Servicio Federal de Alguaciles podría disponer de la propiedad mediante mecanismos como la subasta pública. En 2015, una oferta de de venta de la propiedad en manos de los corredores de bienes raíces Sotheby’s colocaba su valor en $4.2 millones.

La propiedad de Hernández Pérez es uno de los detalles que más ha llamado la atención del caso. No sólo por sus cualidades de opulencia (9,000 pies cuadrados en dos niveles en la playa Crash Boat de Aguadilla con facilidades como un cine privado), sino también porque fue eje de testimonio en el juicio ya que allí se llevaron a cabo actividades de recaudación de fondos y algunos políticos pernoctaron en la propiedad.

La defensa de Hernández Pérez tiene hasta el 9 de marzo para responder a la solicitud de orden pero no se espera controversia porque ya el convicto había aceptado la confiscación cuando se declaró culpable con un acuerdo de cooperación. Hernández Pérez no ha sido sentenciado por su participación en el esquema.

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