‘Cuando violentan los derechos humanos de grupos vulnerables la movilización y organización de la comunidad son claves para hacer pública y enfrentar la injusticia. El cambio realmente empieza cuando se unen voluntades a luchar por el bienestar de su comunidad y exigen se les respeten sus derechos. Ejemplo de estos son las comunidades que se unieron para detener el depósito de carbón en el vertedero de Peñuelas que representa una amenaza a su salud y ambiente’, aseguró Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Capítulo de Puerto Rico desde el Campamento contra el depósito de cenizas en Peñuelas.

Desde allí, la entidad presentó hoy, miércoles, el análisis anual que abarca 159 países, incluyendo a Puerto Rico, sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En esta edición en el plano local resalta la discriminación en materia de salud y bienestar que siguen sufriendo las personas de la comunidad LGBTI, el impacto limitado de la Reforma de la Policía, y la preocupación ante la implementación de la ley PROMESA y sus repercusiones negativas entre los grupos más vulnerables.

Por su parte, el portavoz del Campamento, José Manuel Díaz, señaló: ‘Cuando el gobierno no ejerce su poder ministerial para salvaguardar el ambiente, la salud y la vida de nuestras comunidades, es cuando nosotros los ciudadanos, ejercemos la autodefensa para hacer y denunciar el trabajo que el gobierno no hace. Es hacer que cada residente de cualquier comunidad pobre en la isla se sienta identificado con nuestra lucha. Que el mensaje y la denuncia sobre los atropellos a que somos sometidos por las industrias que nos contaminan y los gobiernos que lo permiten se convierta en apoyo a la lucha y resistencia en cada persona que lo escuche’.

‘Son más de 60 años que nuestras comunidades de Peñuelas han estado sufriendo de tanto abuso. Es hora de que se nos haga verdadera justicia y hasta que eso no suceda seguimos en pie de lucha’, añadió Díaz.

Por otro lado, a pesar de que se produjeron avances hacia la igualdad y la justicia de la comunidad LGBTI,siguen reportándose violaciones de derechos relacionados con el acceso a los servicios de salud, especialmente para las personas transgénero. Las políticas del Departamento de Salud relacionadas a garantizar el acceso igualitario a los servicios de salud siguen sin modificarse. También hubo casos de personas que sufrieron discriminación al momento de expedir sus documentos de identidad del Estado que les permitía cambiar el género. Al igual que menciona casos de discriminación y hostigamiento a raíz de la carta Circular 19, que permitía la educación con perspectiva de género en las escuelas del país y que fue derogada recientemente.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación por la legitimidad de la Reforma de la Policíadebido a la falta de transparencia y de una auténtica participación de la sociedad civil en el proceso. Los mecanismos internos de rendición de cuentas de la policía siguen siendo deficientes y no se ha implantado un mecanismo externo de supervisión, pese a las reiteradas peticiones. También se han reportado incidentes de uso excesivo de la fuerza, así como el uso excesivo de dispositivos eléctricos (‘tasers’), incluso contra personas con problemas de salud mental o contra quienes pacíficamente desobedecen las órdenes de la policía.

El informe señala la preocupación entre organizaciones civiles por el impacto que las medidas de austeridad fiscal del gobierno puedan tener en el nivel de vida de la ciudadanía puertorriqueña. Entre estas, se encuentra un aumento de la pobreza entre los grupos más vulnerables e intensificación de la exclusión, desigualdad y discriminación.

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