La Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste solicitó un interdicto preliminar y permanente así como una sentencia declaratoria contra el Municipio Autónomo de Aguadilla y Caribbean Management Group, Inc. (CMG) para detener la construcción del Columbus Landing Resort por ser distinto al que había sido evaluado y aprobado en la decada del 1990.

La Declaración de Impacto Ambiental yConsulta de Ubicación aprobadas entonces hoy afectarían los terrenos y zona marítima terrestre conocida como Playuela en el mencionado ayuntamiento.

‘Tenemos que explicar los cambios para que entiendan la magnitud de este reclamo. El proyecto de 1994 conocido comoChristopherColombusLandingResortconsistía de una construcción de un hotel de tres pisos, 300 habitaciones y un casino de 17 mil pies cuadrados. Además, pretendía construir doce estructuras con una altura máxima de dos pisos para uso de villas, condominios,condo-hotelesy área comercial de 75,000 pies cuadrados de construcción en 123.46 cuerdas de terreno. Luego de varios incidentes procesales y administrativos el proyecto fue traspasado aCMGquien no ha solicitado ni obtenido Permisos de Construcción’, explicó el licenciadoOmarSaade, abogado de los demandantes.

‘Han pasado más de veinte años desde que se aprobó la DIA. El Proyecto aspectado, ylas condicionessociales, económicas y ambientales han cambiado significativamente’, explicó Eric Gerena, residente de Playuela. ‘La construcción actual burla los procesos de planificación que protegen a las comunidades y al medio ambiente’, sentenció.

Gerardo Lebrón, comerciante y activista ambiental ,expresóque la CMG no ha solicitado ni obtenido permiso de construcción alguno. ‘Para ninguna de las fases o estructuras del proyecto esta empresa ha solicitado los permisos requeridos. Arrasan terreno y construyen una calle que no llega a ninguna fase o estructura.No obtuvieron los endosos necesarios para comenzar la construcción según exigía el mismo permiso de la calle’, denunció.

Por su parte, Gerena añadió que tras pasar tanto tiempo se desconocían los impactos ambientales del nuevo proyecto. ‘Sobre todo nos preocupa la comunidad donde muchos vivimos. El proyecto ignoró las condiciones impuestas en el proceso de planificación de hace 20 años. Por lo que estos documentos caducaron y no tienen validez’, dijo en comunicado de prensa.

Lebrón describió que en el litoral se realizan actividades tales como pesca recreativa, observación de tortugas marinas, surfing, kayaking, paddle board, buceo y caminatas. ‘Los vecinos están preocupados por el impacto al medio ambiente, su calidad de vida, seguridad y salud. CMG ni siquiera ha cumplido com un requerimiento solicitado por el DRNA para identificar si existen cavidades asociadas a los sumideros de las fincas colindantes’, insistió.

‘Estos vecinos se van a ver particular y negativamente afectados por las actuaciones ilegales de los demandados. Los demandantes son usuarios frecuentes del litoral y de las costas y organizan y participan con regularidad en actividades de protección, conservación y disfrute de los recursos naturales’, aseguró, por su parte, Saade.

‘CMG propone ahora la construcción de un hotel de siete niveles. Además de dos estructuras para estacionamiento y viviendas que tendrán cuatro niveles, en lugar de dos. Este aumento en altura en el hotel y en los demás edificios presenta un cambio significativo expresamente prohibido en la consulta de ubicación. Proponen operar un Centro de Convenciones, el cual no ha sido evaluado en la DIA ni aprobado en la Consulta de Ubicación. Construyen actualmente una calle vecinal estrecha que transcurre por la zona residencial de Playuela la cual es incompatible con la calle de acceso evaluada en la DIA en el proyecto original. Todos estos cambios presentan impactos ambientales distintos y no planificados como el tráfico, generación y disposición de basura, viabilidad e impacto económico, además del impacto en la infraestructura existente o la necesaria’, concluyó el abogado.

La parte demandante espera ser escuchada en una vista señalada en Aguadilla el próximo 17 de febrero. Litigarán sobre los cambios ambientales y sociales en el área, y relatarán por qué los anteproyectos aprobados por ARPE son nulos. Esperan que el Tribunal paralice toda actividad y construcción hasta tanto se cumpla con la Ley de política pública ambiental y demás requisitos administrativos.

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