El análisis que realizó La Fortaleza para dar paso a la contratación de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, como consultora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se basó en un precedente que estableció la pasada administración de Alejandro García Padilla con la anterior secretaria de salud, Ana Rius.

Según el asesor de asuntos legales del gobernador, Alfonso Orona, se trata de una consulta externa que emitió la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), (CE-14-101), en cuanto el pedido de Rius para continuar ejerciendo como catedrática asociada del Recinto de Ciencias Médicas, preservar su sueldo y fungir como secretaria de Salud.

En ese momento se determinó que un secretario de gabinete que ocupe más de un puesto dentro el gobierno no puede recibir más de una compensación. ‘Inclusive, puede tener un contrato, pero el problema es que al asumir el cargo de secretario no reciba una compensación adicional por ese cargo, o dirigir una agencia’, explicó Orona a este medio.

‘No había ninguna prohibición a que ella, un servidor público, tuviese un contrato o un empleo adicional, siempre y cuando ese contrato o empleo no interviniera con la independencia de criterio de ese servidor en el descargue de sus funciones’, agregó.

Orona señaló que la consulta externa de la OEG específica que sería la autoridad nominadora – el gobernador en este caso – quien determinará si el cargo adicional es compatible con las funciones que ejercerá como funcionario o si implica un conflicto de interés. ‘En el caso de Ana Rius, la dejaron mantener su contrato de consultoría siempre y cuando ella renunciara a su salario como secretaria de Salud’, aseveró.

No obstante, la consulta de la OEG advierte que ‘es el Departamento de Justicia el ente con la facultad de examinar la procedencia de la mencionada disposición sobre los sueldos de los secretarios de gobierno’. La Ley 13 de 1989 es el estatuto que rige la política pública en cuanto a los sueldos de los secretarios de gabinete, disponiendo que el secretario de Educación devengará un salario de $80,000 anuales.

Pese a que tanto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares como el director ejecutivo de laAAFAF, Gerardo Portela, afirmaron que, previo a la ratificación de este contrato, consultaron a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Iván Marrero Rosado, pero no existe una opinión formal al respecto por parte de la agencia. De hecho, en el caso de Rius la consulta de la OEG recomendó referir el asunto del sueldo al secretario de Justicia, quien tampoco emitió una opinión formal.

Amparo adicional al peritaje de Keleher

Más allá del sueldo mensual de $20,833.33 que ganaría Keleher en calidad de individuo – y no a su empresa Keleher and Associates –, la controversia ha girado sobre el rol dual que ella ejercerá. Mientras asesora y emite recomendaciones para la reestructuración del DE a la AAFAF, debe cumplir con su obligación de administrar la agencia y cumplir con aquello que establezca el Plan Fiscal.

A juicio de Orona, este rol dual de Keleher es un acto de coordinación para la AAFAF y, por otra parte, un acto de consolidación en aquellas áreas que ella es experta.

‘Tiene que haber flujo de información. Aquí AAFAF va a tomar mucha información que viene del propio Departamento. No podemos ver la labor de ella como oficial de reestructuradora y su labor como secretaria de Educación. Son dos cosas totalmente distintas, pero la realidad es que tenía que haber un oficial reestructurador, tenía que haber una secretaria de Educación y lo que se hizo fue, ya que ella tiene la pericia en ambos campos, pues se determinó contratar sus servicios como consultora y también que sirviera como secretaria de Educación’, declaró el asesor legal del gobernador.