Aunque los cruces de palabra entre la Junta de Control Fiscal y la Legislatura han llamado la atención, para un conocedor de la Ley PROMESA lo que hay entre el ente fiscal y la nueva administración gubernamental es más una ‘peleíta monga’.

A poco más de un mes de comenzar su gestión, el gobernador Ricardo Rosselló ha incumplido con algunas disposiciones de la ley federal; mientras la Junta se ha hecho de la vista larga al no ejercer los poderes que esta le confiere.

‘El gobierno está en incumplimiento porque no ha enviado las leyes certificando si tienen impacto fiscal en el término de siete días después de aprobadas, como dice PROMESA. Pero en eso la JCF no ha ejercido su poder porque debió haber notificado su incumplimiento, no esa carta que le dice: cuida’o que voy a hacer esto. Es una peleíta monga que tienen ambos, una actitud de pitcher y cátcher’, dijo a NotiCel el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez.

En las últimas dos semanas, ha habido declaraciones tensas en cartas de la JCF; una a Sánchez para avisar que la ley PROMESA les confiere las herramientas para revisar y revertir legislación estatal, si no se provee estimados del impacto en las finanzas; y otra al economista Gustavo Vélez para indicar que el organismo posee alcance sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa y todo contrato que se otorga en las instrumentalidades de Puerto Rico.

Para Emmanuelli Jiménez, ambas cartas son una condescendencia de la JCF con el gobierno ya que si fuesen a cumplir con lo que dice PROMESA le hubiesen enviado la notificación de incumplimiento y no un aviso de ‘que viene el lobo’.

El artículo 204 de PROMESA dice que el gobierno tiene que someter a la junta una certificación del impacto, si alguno, que tendrá la medida en los ingresos y gastos, no más tarde de siete días laborables después que el territorio aprueba válidamente una ley durante cualquier año fiscal que la junta esté en operaciones.

Precisamente, en noviembre pasado el hoy presidente senatorial le advertía al entonces gobernador Alejandro García Padilla que tenía que someter la certificación del impacto que tendrían en el fisco los nombramientos y medidas que sometería en una sesión extraordinaria. Mediante carta, Rivera Schatz se amparaba en los incisos del artículo 204 de la ley PROMESA para apercibir a García Padilla sobre su obligación. ‘Si su gobierno pretende retar la autoridad de la Junta de Control Fiscal por razón de no aceptar la imposición de dicha junta, agradeceré así me lo informe’, lee la carta.

‘El gobierno tiene la obligación de someter una certificación en ese término sobre el impacto en el presupuesto. Aunque el gobernador estaba sorprendido y Elías Sánchez dijo que la junta estaba desenfocada, no es así. La Junta puede pedirle al gobierno toda documentación que estime necesario. Ellos lo saben. Están jugando a quien conoce menos de la ley’, insistió el autor de un libro sobre la legislación y que también lleva el nombre de PROMESA.

Tras una semana con la controversia pública, el presidente de la JCF, José Carrión III, bajó el tono durante su presentación en el Caucus con Gobierno, actividad organizada por la Asociación de Industriales. Allí dijo que las propuestas áreas de recortes en el gasto público hechas por la JCF para que sean incluidas en el plan fiscal son unas guías o sugerencias y no una imposición.

‘Nosotros proveemos el cuarto. Eso es lo que la ley nos exige ese es mi deber de fiducia. Dentro del cuarto usted puede ajustar los muebles como le parezca. La política pública la decide el gobernador y nosotros, mientras lleguemos al número, estaremos trabajando juntos’, dijo Carrión III,

Destacó que el gobierno sabe la magnitud del problema y está trabajando para atender la situación por lo que felicitó al gobierno por tomar iniciativas encaminadas a cumplir con los propósitos principales de la ley PROMESA.

‘Me gustaría hacer un aparte y felicitar al gobierno por las iniciativas recientes que han tomado que definitivamente van en esa dirección’, afirmó.