‘Anuncio que vamos a pagar los intereses de la deuda que no se habían pagado en febrero y lo haremos esta semana’, así el gobernador Ricardo Rosselló Nevares estableció hoy, jueves, la puesta en marcha de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal persiguiendo separarla de la Ley de Moratoria acoplada por la pasada administración de Alejandro García Padilla.

Según sostuvo el gobernador en un discurso de aproximadamente cuarenta minutos, la Ley de la actual administración esboza la responsabilidad del Gobierno para con lo acreedores permitiendo ‘identificar recursos para cumplir con los acreedores’, lo cual establece una clara diferencia de la pasada ley donde simplemente se detenía cualquier pago.

En esta línea, el primer ejecutivo del País adelantó que su administración identificó un fideicomiso de donde se van a utilizar unos ‘$148 millones’ atrapados en el ‘clawback’y se van a traspasar para efectuar el pago de los intereses de la deuda que vencen durante este mes. Esta acción significa que un dinero destinado a alguna otra cláusula, será redirigido para procesar el cumplimiento de los intereses de la deuda pública.

Sobre este particular, aunque Rosselló Nevares no estuvo disponible para ofrecer más detalles y responder preguntas de la prensa, esbozó en su discurso, realizado durante un Caucus con el Gobierno ypromovido por la Sociedad de Industriales de Puerto Rico, que el dinero que empleará para dicho pago, no corresponde a fuentes comprometidas con servicios esenciales.

‘Esos son148 millones de dólares que no tenían ningún uso para lo que eran los servicios esenciales y se van a traspasar a un fideicomiso para que ese dinero se pueda otorgar’, aclaró el mandatario.

Esta movida hace parte de ‘un rompecabezas de distintas estrategias’ que busca encontrar el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF) en miras por apaciguar el ambiente entre el Gobierno y este cuerpo fiscal, que requirió implantar medidas de austeridad dirigidas a lograr reducciones en la estructura gubernamental, mermas en los gastos de salud, reducciones en gastos de educación superior y una reforma al sistema de pensiones. Acciones que la actual administración, dijo Rosselló, no considera ejecutar.

Según expuso el gobernador, esta medida se suma a la Reforma Laboral, convertida en ley el pasado 26 de enero, y a la ley ejecutiva que implementa una reducción de 20% en el gasto operacional del presupuesto actual, acciones que se encaminan a mostrarle a la JCF que la gestión de Rosselló Nevares está comprometida de cara a la entrega del Plan Fiscal que debe ser remitido a este cuerpo el próximo 28 de febrero.

No obstante, a pesar de los comentarios que claramente expresan un escenario amistoso para con la Junta, Rosselló Nevares reiteró que no está dispuesto a ceder en los requerimientos de este cuerpo en torno a las políticas públicas que mermaran los servicios públicos a los puertorriqueños.

‘Nosotros preferimos alterar la burocracia del Gobierno y el gasto operacional para poder llegar a los objetivos fiscales. No estamos de acuerdo con que exista una reducción en la salud afectando a cientos de miles de puertorriqueños’, agregó el mandatario.

Durante su intervención, el exprofesor también realizó un rápido recuento de las 18 Órdenes Ejecutivas que ha sometido tras 40 días de fungir como gobernador.

Bonistasdel Patio aplauden el pago

La organización que representa a los tenedores individuales de bonos en Puerto Rico, Bonistas del Patio, aplaudió hoy el anuncio que hizo el pago a las Obligaciones Generales (GO’S).

‘Las acciones tomadas por el gobernador de solventar con $146 millones un fideicomiso creado dentro de la nueva Ley de Cumplimiento, para dedicarlas al pago de las obligaciones generales, demuestran un cambio de paradigma hacia la decisión sabia de establecer una política de cumplimiento con los acreedores, como lo establece la Constitución’, sostuvo Rafael Rojo, presidente de la organización.

Por su parte, el director ejecutivo, Jorge Irizarry, dijo que ‘Atender la deuda constitucional en la mayor medida posible es una decisión correcta y es un paso hacia la credibilidad del Gobierno en los mercados financieros’.