Disputas y conflictos empezaron a germinar en la relación entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico, lo que ha puesto a la administración en una posición defensiva y al cuerpo supervisor en modo ofensivo.

Según el representante del gobernador ante laJCF,ElíasSánchez, al presente los asesores de ese cuerpo trabajan continuamente con el equipo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para elaborar el Plan Fiscal. Sin embargo, el pasado miércoles el economista GustavoVélezenvió una carta a la Junta para levantar su preocupación en cuanto a las contrataciones deexpolíticosen la Legislatura y de paso solicitar poner esa rama de Gobierno bajo sindicatura.

Esta misiva por parte del economista yexasesorde Gobierno durante la administración deAníbalAcevedoVilafue debidamente recibida por el presidente de laJCF, JoséCarriónIII, quién no dilató en cursar una carta el próximo día, jueves 2, a Sánchez respecto a aquellos proyectos que el gobernador ha convertido en ley durante su primer mes en poder.

Sin embargo, esa carta no fue publicada por laJCFhasta la noche del martes 6. ‘Durante la reunión del sábado (28 de enero) de laJCF, surgió la interrogante sobre cómo la sección 204 de PROMESA aplica previo a la certificación de un Plan Fiscal, especialmente a la luz de la decisión de la Junta para acomodar la solicitud del gobernador para dar tiempo adicional para someter el Plan’, reza la carta queCarriónIII envió a Sánchez.

La sección 204 de PROMESA indica que toda ley aprobada por el gobernador se tiene que someter ante laJCFen un periodo de 7 días con un estimado de impacto en los ingresos del Gobierno. Posteriormente ese cuerpo certifica la medida como consistente con el Plan Fiscal; si no lo es, pueden tomar acciones para exigir su corrección o hasta su derogación.

El representante del gobernador, sin embargo,refutóel planteamiento de la Junta al indicar que esa duda nunca se expresó durante esa reunión y supuso que se habría dado durante una reunión ejecutiva a la cual él no tuvo acceso. ‘Eso habrá surgido en alguna reunión ejecutiva que habrán tenido los miembros de Junta, que tienen ese derecho de tener una reunión, los miembros que votan,excluyéndomea mí. Pero eso no ocurrió en la reunión’, dijo Sánchez.

Elcuestionamientode los integrantes de la Junta en cuanto a estas facultades no se ilustró durante una mesa redonda que tantoCarriónIII como el director ejecutivo interino, RamónRuiz, tuvieron con medios locales el viernes, día después de emitir la carta. En esa reunión, dijeron que habían recibido la carta deVélezy que evaluaban la posibilidad de intervenir con la Legislatura. Durante esta reunión,CarriónIII no dio a conocer la carta que envió a Sánchez.

Administración asegura que la Junta estásobrelimitandosus poderes

Tanto el domingo como el lunes, Sánchez se dirigió sobre la propuesta. En intervención radial (WKAQ) Sánchez sentenció que la facultad principal de la Junta es supervisar la operación financiera del estado para asegurar que las finanzas estén en balance; los poderes de control, señaló, los puede ejercer si el Gobierno incumple con las metas del Plan Fiscal.

Los presidentes de Cámara y Senado, Carlos ‘Johnny’ Méndez yThomasRiveraSchatzrespectivamente, abordaron el asunto el lunes tras reunirse con el gobernador RicardoRossellóNevares. RiveraSchatzsentenció que han tomado las medidas necesarias para generar ahorros en la Rama Legislativa, por lo que novionecesaria una intervención de ese cuerpo.

‘Quién hizo esas expresiones fue él (CarriónIII), que las sostenga. La Junta le cuesta más a Puerto Rico que la Legislatura’, sentenció el presidente senatorial.

La Junta alega que tiene la potestad de usar los poderes que le confiere la ley PROMESA. Por su parte, Sánchez argumenta que el estatuto federal bajo el cual se ampara ese cuerpo está sujeto a la presentación y certificación de un Plan Fiscal, el cual todavía no se ha sometido. Por lo tanto, dijo que las expresiones públicas de laJCFno soncónsonascon la ley.

‘Yo creo que la Junta, en este momento, no actuó de la mejor manera. Estos son acciones que, de paso, puedo decir que se pueden dialogar, si tienen alguna duda’, manifestó Sánchez.

También entre lunes y martes, la comisión congresional sobre Recursos Naturales, que supervisa la implantación de la ley PROMESA y a la Junta, determinó, instigada por González, quien ocupa su vicepresidencia, que realizaría vistas de supervisión a la Junta desde febrero.

Según el licenciado JulioFontanet, PROMESA le confiere a la Junta un rol reactivo a aquellas acciones del Gobierno que incidan sobre el Plan Fiscal, no unaproactivatal como exigió en su carta. ‘Me parece que la Junta está mal asesorada tanto en términos legales como en el efecto que esto tiene en su proyección ante el país’, sostuvo.