La administración de Ricardo Rosselló Nevares catalogó de ‘ineficiente’ los esfuerzos de la Comisión Integral para la Auditoría del Credito Público y justificó la liquidación de ese ente por representar un costo de $2 millones.

‘La realidad es que no se justificaba un organismo que no sea solamente ineficiente sino iba a ser inmaterial su determinación porque ese organismo no tenía facultad para declarar ilegal ninguna deuda’, declaró el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario. ‘Así que estamos invirtiendo dos millones de dólares en un organismo legislado y controlado por miembros de la pasada administración y en ese sentido la política del gobernador de Puerto Rico no era botar dos millones de dólares en un organismo que, al final del día, mañana, puede decir que una deuda era legal o ilegal, no tiene efecto’, añadió.

Sus expresiones se dan en medio de una campaña por parte del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que encaminó una petición para exigir a la Legislatura a defender la permanencia de la Comisión Integral. Esto luego que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares enviará cartas de despido a todos los integrantes de ese ente.

Por su parte, el presidente de la Comisión Integral, Roberto Pagán, insistió que la auditoría de la deuda hubiese dado al Gobierno una herramienta poderosa para impugnar deuda ilegal ante un tribunal. Además, clarificó que ese cuerpo no llegó a recibir $2 millones, según ordenaba su ley habilitadora, sino $700,000.

Aun así, y sin los fondos disponibles, la Comisión logró emitir dos informes de preauditoría que revelaron hallazgos como violaciones a la constitución por emitir deuda para cubrir déficits, exceder el límite constitucional de 30 años para pagar préstamos y señalamientos contra bufetes e instituciones financieras por modificar sus roles durante las emisiones de bonos.

‘Todo esto se hizo sin que el pueblo de Puerto Rico pagara un solo centavo. El trabajo que se iba hacer ahora es, en primer lugar, corroborar esa información siguiendo los estándares del ‘yellow book’, de contabilidad y los estudios de bufetes de abogados que la comisión no pudo contratar’, indicó Pagán.

Con esos $700,000, la Comisión hubiese contratado a la firma de contabilidad basada en California, MGO, para ejecutar una auditoría forense a las últimas cuatro emisiones de bonos por $100,000, y otros $300,000 para hasta 10 emisiones adicionales. Según Pagán, las primeras cuatro auditorías se completarían en marzo y las restantes en mayo.

La contratación de MGO estaba pautada a efectuarse en enero, sin embargo, la disolución de ese cuerpo por parte del primer mandatario paralizó esa contratación. No obstante, señaló también a la administración de Alejandro García Padilla por dilatarse en nombrar los integrantes de la Comisión y proveer los fondos necesarios para iniciar la auditoría, los cual tampoco entregó completos.