Los propuestos recortes que la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó en un documento interno que fue difundido en los medios sociales tendrían el resultado de limitar la oferta academica, aumentar el exodo de profesionales y empobrecer aún más el país, según el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Miguel Hernández Torres.

‘Tú empobreces la Universidad, tú pones en precario la Universidad y tú estás colocando en precario todo el país, los servicios que se brindan en el país y el futuro de este país porque siguen empujando a nuestros jóvenes a que se vayan’, advirtió Hernández Torres, quién reaccionó indignado a los propuestos recortes.

Por mandato de la Junta de Control Fiscal (JCF), la administración central del primer centro docente del país debe identificar recortes de $300 millones a la operación del sistema y aumentar la matricula al estudiantado. Sin embargo, para el presidente de la APPU, los propuestos recortes harían más daño que bien, aunque aseguró hay partidas donde pueden recortar sin afectar la misión educativa.

Hernández Torres levantó bandera ante la propuesta para reducir y transferir las aportaciones que hace la UPR al plan médico de los pensionados. Explicó que si la administración opta por congelar la contratación de personal nuevo para aportar a retiro, la carga adicional que asume el Sistema de Retiro por el plan médico de pensionados lo llevaría a la quiebra. Tanto el Sistema de Retiro del Gobierno como el Sistema de Retiro de Maestros atraviesan la misma situación.

De mismo modo argumentó que la contratación de personal docente se daría mediante contratos de servicios profesionales, lo que llevaría a condiciones precarias de empleo.

Salva de recortes la administración central

Mientras la mayoría de las rebajas se dan en áreas relacionadas a los estudiantes o el personal docente, a juicio de Hernández Torres el propuesto documento falla en identificar recortes dirigidos al gasto de administración central. El borrador identifica gastos como el pago de servicios legales externos ($2.1 millones), un contrato para la auditoría de estados financieros ($1 millón) y la continuación del contrato de operación para el edificio Plaza Universitaria (Que tendría un recorte de $1 millón de los $4.2 millones presupuestados). Según el presidente de la APPU, estas se pueden revisar o hasta eliminar.

‘Si tú estás dirigiendo el lugar donde se genera el conocimiento del país, qué necesidad tienes tú de contratar asesores de afuera?’, cuestionó Hernández Torres a la vez que señaló la carga innecesaria que representa la clase político-partidista en la cúpula de la UPR. De hecho, rechazó la intervención de la administración central sobre los recintos en cuanto la toma de decisiones y sugirió reubicar personal de ese sector universitario a los recintos para asistir en labores de oficina.

Por otra parte, repudió los altos salarios que se ofrece a este personal, trabajo que recibe menos remuneración en los recintos. Identificó estos sueldos como otra fuente de recortes que se podría encaminar – sugirió 25% – pero se ausenta en el documento.

El año pasado la Association of Governing Board of Universities and Colleges (AGB por sus siglas en inglés) emitió un informe sobre las operaciones de la UPR en el que se recomendó a la administración central reducir sus propios costos operacionales en un 25%. Además, sugirió delegar mayor autonomía a los recintos con respecto a la administración central.

Para el año fiscal 2016-2017, el presupuesto de administración central asciende los $14.8 millones, de los cual $9.1 millones van dirigidos a nómina.

Comunidad universitaria queda fuera de las decisiones importantes

La dirección que tomó la administración central de la UPR para proponer estos recortes se hace sin antes consultar la comunidad universitaria al respecto. Según Hernández Torres, esta conducta crónica por parte de la Junta de Gobierno es parte de lo que no permite el sistema universitario encaminar un plan con consenso.

‘Debieron haber permitido que los docentes, los empleados universitarios, y los estudiantes hiciéramos un análisis y le sometiéramos un proyecto para la reingeniería que la universidad necesita. Todos sabemos lo que hay, y le estamos diciendo hace años. El problema es que la misma clase que dirige la Universidad se opone, a ceder sus privilegios’, sentenció Hernández Torres.

En esa línea aseguró que la comunidad universitaria está completamente capacitada para desarrollar un plan de recortes y ahorros que vaya a tono con las exigencias de la JCF. ‘Esta situación la tenemos que tomar en un dialogo entre todos los universitarios, todos los sectores y creo que debemos ser creativos en este proceso’, agregó.

Por su parte el presidente de la Hermandad de Empleados y Empleadas No Docentes (HEEND), José Torres, declaró que todos los sectores de la universidad deben unirse para buscar una alternativa a los propuestos recortes, pero también deben reconocer que todos, no algunos, deben asumir alguna rebaja.

‘La administración central, vamos a pedir que tenga su cuota proporcional también. No se trata que les quiten a los estudiantes y que la cúpula a nivel de universidad se mantenga como si no hubiese pasado nada’, dijo Torres.

Hoy lunes, tanto el presidente de la APPU como el de la HEEND sostendrán reuniones con la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes.