El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge ‘Georgie’ Navarro, refutó las denuncias del representante Jose ‘Conny’ Varela, quien lo acusó de impedir la participación de líderes comunitarios en las vistas públicas sobre el proyecto que pretende establecer la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).

‘Allí cinco líderes comunitarios estuvieron deponiendo, así que decir que no se le dieron participación es faltarle a la verdad. Ah, de que no los citamos, de que nos hicieron el pedido el día por la mañana, ledijimos que sí, es una realidad. Pero sí, estuvieron allí deponiendo’, dijo el representante Navarro a pesar que solo pudo recordar el nombre de Jorge Oyola, líder comunitario de Guaynabo y uno de los deponentes.

Varela, quien en el pasado cuatrienio presidió la Comisión de Gobierno, denunció el domingo que la mayoría azul intenta dar a este proyecto (el P. de la C. 6) una evaluación ligera sin la opinión de las comunidades especiales. De hecho, también advirtió que la medida eliminaría la Oficina de las Comunidades Especiales, hecho que Navarro también negó.

‘El artículo 2 (del P. de la C. 6) habla sobre la esencia del proyecto y el espíritu de dicha política pública que es la ley número 1 del 2001, la ley que implementó Sila M. Calderón sobre Comunidades Especiales, y ese artículo está intacto como mismo decía esa ley porque la razón de ser de esta oficina es las comunidades más necesitadas con una especie de dinero que no tiene actualmente, las garras y recursos económicos’, sostuvo el representante.

Como uno de los primeros diez proyectos de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, el P. de la C. 6 crearía una nueva dependencia de gobierno que serviría como un tipo de enlace entre los municipios y las comunidades para tener acceso a fondos federales. No obstante, la propuesta además ordena a la ODSC a analizar y corregir las deficiencias del Programa de Comunidades Especiales.

Como principal recurso de financiamiento, la ODSEC haría disponible el sobrante de los fondos del programa Community Development Block Grant (CDBG), del Departamento de Vivienda Federal y que llegan primero a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). De esta manera, la nueva dependencia sería el nuevo administrador de esta asignación federal, que a su vez haría disponible a las comunidades y alcaldes mediante solicitud.

No descartan eliminar la OCAM en otro proyecto

Aunque insistió que la misión de la nueva dependencia sería igual a la del Programa de Comunidades Especiales, Navarro admitió que, en términos prácticos, la ODSEC reemplazaría las funciones de ese programa como también de la OCAM.

En cuanto a la OCAM, el presidente de la Comisión de Gobierno señaló que la asignación presupuestaria delCDBG constituye una de las partidas mayores de esa oficina, por lo que no descartó eliminar o modificar el propósito de esa dependencia.

‘Vendría en otro proyecto, si lo van a eliminar de golpe y porrazo (OCAM), y pasaría a ser una oficina adscrita a Fortaleza con funciones de asesoramiento o un asesor del Gobernador en asuntos municipales. Pero eso sería harina de otro costal’, enfatizó Navarro.

Abundó que podrían redirigir los fondos delCDBG a la Oficina del Procurador General, separando el sobrante de esa asignación para la ODSEC. El representante además aseguró que una medida a esos fines redundaría en economías para el gobierno en cuanto gastos operacionales de la OCAM.

En cuanto las consecuencias que esto podría tener sobre la plantilla laboral de la OCAM, Navarro se amparó en el P. de la C. 454, medida que propone establecer el modelo de empleador único en el gobierno. Aseguró que en caso de cualquier modificación a OCAM que resulte en una necesidad menor de personal, los empleados existentes pasarían a otras dependencias del estado.