En una carta desbordada de halagos por la sintonía que existe entre la visión de la Junta de Control Fiscal (JCF) y el programa de gobierno de la Administración Rosselló, el cuerpo rector de las finanzas públicas ordenó al Gobernador a imponer recortes y ahorros por $7,600 millones para el año fiscal, y preeleccionario, de 2019.

La JCF avaló la reforma laboral que propuso la Administración Rosselló y subrayó ‘el grado de alineamiento entre la plataforma de política pública de su Administración y las guías de política’ que la Junta ha establecido mediante cartas.

También, encomió ‘el sentido de urgencia’ que despliega Rosselló, el ‘alineamiento al colocar la infraestructura en alta prioridad’, y los movimientos que ha hecho el Gobernador mediante órdenes ejecutivas aunque ‘debemos ser cándidos y enfatizar que para acercarnos al balance fiscal, habrá que hacer mucho más que las medidas adoptadas por su Administración’.

‘La Junta le está proveyendo el lineamiento fiscal, y dentro de ese lineamiento, esperamos que usted y su Administración harán las determinaciones de política pública consistentes con PROMESA’, indicó en la carta el presidente de la JCF, José Carrión III.

Por los propios cálculos, y aún si los recortes y ahorros se lograran, en el 2019 habría dinero sólo para pagar el 21% de la deuda total de $3,900 millones que se debe pagar dicho año, con lo cual se plantea también el tamaño de la posible negociación y reestructuración de deuda que se lleve a cabo con acreedores.

En sus cálculos la Junta asume que no aparece dinero federal que sustituyan los fondos recibidos bajo el asediado Obamacare y asume tanto que se mantiene el impuesto a las foráneas de la Ley 154 como que se revisa el tratamiento contributivo de esas empresas.

En su ‘ambiciosa pero viable propuesta’, la Junta plantea un rediseño del esquema contributivo para mejorar el cumplimiento, reducir exenciones, aumentar el cobro de impuestos sobre la propiedad, reducir los subsidios a municipios y sector privado, y reducir las amnistías.

En la estructura gubernamental, mandatan reducción del 10% en los gastos que no son nómina y 30% de reducción en los gastos de nómina, reducir ‘servicios no esenciales del gobierno’, y reducir el gasto de educación para que se ajuste a la reducción en matrícula. Para la Universidad de Puerto Rico, apuntan a aumento del costo de matr’icula y a un sistema mediante el cual los estudiantes paguen de acuerdo a los ingresos de su familia.

En la salud se dicta recorte o ahorro por $1,000 millones mediante optimizar los servicios del Estado, reducir la utilización de servicios, aumentar la detección de fraude, y ‘recortes significativos en cubierta y beneficios de Mi Salud’.

En pensiones, buscan una reducción de 10% en costos y gastos relacionados al sistema, y que los policías y maestros coticen al Seguro Social. Para mejoras capitales piden enfocarse en las Alianzas Público Privadas, en la aceleración de permisos, mejor coordinación con el gobierno federal y llevar la generación de energía a los niveles reales de demanda.

La Junta expresó disponibilidad para extender hasta el 28 de febrero el plazo para someter un Plan Fiscal, el cual aprobarían para el 15 de marzo, y para el 1 de mayo de 2017 la paralización de pleitos. Pero, para el 20 de enero quieren tener un plan de discusiones conjuntas con acreedores, para el 23 de enero quieren un plan de intercambio de información y un itinerario de logros, para el 25 de enero quieren documentos que los ayuden en su ‘auditoría forense’ de las finanzas públicas y para el 30 de enero quieren un plan de liquidez que exponga cómo el gobierno planifica manejar el efectivo y el flujo de dinero en sus arcas.

Carta y anejos dirigidos al Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló – NotiCel_22783