La Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, inició el jueves, la discusión del Proyecto de la Cámara 6, medida del Ejecutivo que propone la creación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).

La medida de Fortaleza, que aspira al pleno desarrollo del Tercer Sector, así como de las comunidades, proveerá servicios que hoy se ofrecen de manera desigual y desintegrada por distintas agencias gubernamentales. De igual modo, la legislación propicia la creación del ‘Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico’, cuyo objetivo será procurar iniciativas, tanto comunitarias como del Tercer Sector.

A la vista compareció el designado coordinador de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y Autogestión, Jesús Vélez Vargas; quien avaló el proyecto, por considerar que la estructura propuesta permite la integración, evita la duplicidad y promueve mejores procesos para lograr que todos esos sectores sean el motor de su propio desarrollo.

‘La medida permite renovar y reenfocar la visión y manera en que se atiende la pobreza en Puerto Rico’, destacó Vélez Vargas en declaraciones escritas.

Agregó que ODSEC será asesor de los gobiernos municipales, pues se reconoce que para lograr la erradicación de la pobreza, los ayuntamientos son pieza clave.

A preguntas de los miembros de la Comisión, Vélez Vargas aseguró que los empleados de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y Autogestión, pasarían a la ODSEC.

Entretanto, el Comisionado de Asuntos Municipales, Omar Negrón Judice, recomendó la aprobación de la legislación, para ‘romper con la burocracia desmedida actual, que redunde en una funcionabilidad efectiva y ágil de la gestión gubernamental, que repercuta en el empoderamiento de nuestras comunidades de una manera más expedita y efectiva’.

Negrón Judice explicó que se transferirían a la ODSEC la administración de los programas federales (CSBG y CDBG), que proveen fondos dirigidos a promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Por su parte, el Presidente de la Comisión destacó la importancia de la medida y el efecto que su implementación tendrá en las comunidades que están en desventaja.

‘Las comunidades recibirán algo más que charlas… Obtendrán los recursos necesarios para la autogestión y para adelantar su desarrollo socioeconómico’, afirmó Navarro Suárez.

De igual forma, alertó a los alcaldes que los recursos tendrán que ser puestos al servicio de las comunidades. ‘Los recursos no solo serán para embrear una calle. Tiene que existir una nueva mentalidad, porque ese dinero es para el desarrollo y la autogestión de las comunidades’, señaló.

A la vista también compareció la directora ejecutiva de la entidad Acción Social, Alicia Ramírez, quien endosó el proyecto.

Además, acudieron varios líderes comunitarios de Ponce, Ciales y San Juan; quienes mostraron preocupación en torno a la legislación. Uno de ellos, Jorge Oyola, solicitó que se establezca claramente en la pieza legislativa las diferencias entre el Tercer Sector y las organizaciones comunitarias. ‘Es necesario separarlas, porque las organizaciones comunitarias están en desventaja y necesitan allegar recursos’, indicó Oyola.

Mientras, Carmen Pacheco urgió a que se respete la participación ciudadana, en particular, en todo lo relacionado a los procesos de expropiación en las comunidades.