Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares será virtualmente imposible redactar un Plan Fiscal antes del 30 de enero y posteriormente negociar de buena fe con los principales acreedores del Gobierno antes del 15 de febrero. Por tal motivo, aseguró que permitir una extensión para la entrega del informe como tambien la paralización de las demandas de cobros, sería un ‘no brainer’ para la Junta de Control Fiscal (JCF), encargada de las finanzas de la Isla.

‘Porque le conviene al pueblo de Puerto Rico tener el espacio para renegociar los términos de buena fe, le conviene a la Junta de Control Fiscal, porque tiene un tiempo adicional para formular y forjar un Plan Fiscal que sea más detallado, porque si no lo cierto es que en unos cuantos días no van a tener el detalle de lo que requiere para tener el Plan Fiscal’, dijo Rosselló Nevares en rueda de prensa desde el salón de Te en la Fortaleza.

El gobernador explicó que ‘pedir más tiempo y que lo concedan les conviene a todos. Vamos a asumir que el Plan se certifica el 31 de enero, entonces la moratoria expira el 15 de febrero. Por lo tanto, tendríamos 15 días solamente para renegociar términos en buena fe con 19 acreedores. Hacerlo en 15 días con un Plan Fiscal que tal vez no esté tan detallado, sería un detrimento, porque dificulto que se pueda dar esa negociación en buena fe en tan solo 15 días. Y si el paso subsiguiente es ir a la quiebra (como parte del Título 3 de la Ley PROMESA), la corte siempre va a preguntar cuáles fueron los esfuerzos de buena fe y si lo que la Junta de Control Fiscal tiene para enseñar es que solamente tuvieron 15 días para renegociar términos en buena fe, va a ser bien difícil convencer a un juez de que verdaderamente se hicieron los esfuerzos’, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares, a través de su portavoz ante JCF, Elías Sánchez, solicitó mediante carta una extensión de 45 días al plazo para entregar el Plan Fiscal.

Por otra parte el gobernador anticipó la emisión de otra Orden Ejecutiva dirigida a recortar parte de unos $27 millones en gastos a servicios contratados dentro el gobierno.

‘Encontramos que hay 27 millones de dólares ahí, donde se puede trabajar si hacen una reducción del 10%, utilizando el mismo número base’, dijo Rossellóyadelantó que emitirá dicha orden durante la tarde del jueves.