Luego de múltiples controversias en la Legislatura y poco quórum para celebrar la sesión extraordinaria convocada por el gobernador Alejandro García Padilla, la misma culminó el miercoles apresurada y hasta con cabildeos para que se confirmaran los ‘favoritos’ de los legisladores.

Entre estos se encontraba la licenciada Claudia Juan García, quien se esperaba fuera confirmada como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia pero salió con todos los votos en contra para su confirmación en el Senado, acción que causó que García Padilla se movilizara de inmediato a enmendar nuevamente la convocatoria para nominar al puesto en la Judicatura al licenciado José Orta Valdez, quien se desempeñó este cuatrienio como director de la Comisión senatorial de Hacienda.

En entrevista radial, el representante Aníbal José Torres, indicó que el presidente del Senado Eduardo Bhatia Gautierno había cabildeado por Orta pero reconoció que ‘cabildeé por la confirmación de Orta porque entendemos que él tiene todos los méritos’.

Al ser cuestionado de que la fiscal Claudia Juan también tenía el mérito para se confirmada como jueza pero no pasó el cedazo, Torres dijo que ‘sí, pero nosotros ofrecemos consejos y consentimiento del Senado’.

Sin embargo,NotiCel supo que para estos nombramientos no hubo un informe pues al solicitar el mismo, Anthony Pérez de la Oficina de Trámites y Récords, indicó que como fue una orden que bajó por descargue no se realizó el mismo.

De igual modo al solicitar el calendario donde se suponía estuvieran los nombramientos, este medio supo que nunca se incluyeron los nombres de los nominados por bajar la orden por descarque. Asimismo sucedió con la Comisión de lo Jurídico donde informaron que no tienen los informes ni el calendario.

El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda había descrito a Juan como ‘la mejor abogada de Puerto Rico’. Estahabía trabajado en varios casos representando al Estado entre ellos, el juicio por la demanda de recobro de dinero entablado por Doral Bank en contra del gobierno de Puerto Rico, el caso de Educación Especial, y eliminó los bufetes que no procuraban cerrar el caso.