A solo días de que concluya este gobierno, Taller Salud exigió al administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, que cumpla con el pago de sobre $90 mil que le debe a la institución sin fines de lucro antes de abandonar su puesto.

Taller Salud ha ofrecido servicios comunitarios en los residenciales San Patricio y Yuquiyú en el pueblo de Loíza por 35 años.

Según informó la coordinadora general de Taller Salud, Tania Rosario, el 1 de diciembre de 2015 se firmó un contrato con la Administración de Vivienda Pública pero al sol de hoy, no se ha recibido ni un solo reembolso por los servicios ya ofrecidos.

‘La deuda asciende a $94,771.23. Hemos hecho las denuncias siguiendo los canales y Vivienda no ha tomado acción. A pesar de los múltiples esfuerzos, iniciados desde febrero del presente año, y varias reuniones sostenidas, todavía no hemos recibido el pago, por lo que muchos de los servicios que ofrecemos tuvieron que ser detenidos y nuestros empleados cesanteados’, denunció Rosario mediante un comunicado de prensa.

También, responsabilizó al López Arrieta por el aumento de los casos de violencia en Loíza que han cobrado notoriedad en los medios de comunicación.

Enfatizó en que su preocupación es que el administrador se haga de la vista larga, abandone la agencia en seis días y nunca cobren el dinero adeudado con el que le hacen justicia a la gente de Loíza.

Taller Salud ha hecho la diferencia en Loíza a través del programa Acuerdo de Paz que realizaba al menos 20 mediaciones de conflicto mensuales entre bandos enemigos y buscaba soluciones pacíficas a conflictos existentes. Alrededor de 40 días después de cerrar el último expediente de ese programa, se suscitaron en Loíza tres asesinatos en tres días consecutivos: 9, 10 y 11 de septiembre.

‘De ordinario, los interruptores de Taller Salud hubiesen estado en la calle, mediando conflictos inmediatamente luego de una muerte, evitando así muertes subsiguientes. Eso no fue posible realizarlo en el mes de septiembre, ni tampoco podremos realizarlo durante el periodo navideño, en el que suele concretarse un alza en la incidencia de violencia’, apuntó Rosario.

Como consecuencia del impago, se cesantearon ocho empleados, seis de los cuales residen en Loíza –uno de los municipios más pobres de Puerto Rico y con la tasa de desempleo más alta del país—, se cancelaron los contratos de una facilitadora, dos psicólogos y un contable, así como la reducción de jornada del personal administrativo.

Para Rosario, la denuncia al Administrador no puede medirse en dinero sino en vidas y los servicios que recibían y que ahora dejaron de recibir; 62 jóvenes del programa de Educación Sexual Integral, 20 abuelas y sus nietos del programa Abuelas Criando Nuevamente, 30 madres del programa Derecho a Crecer en Paz, 10 padres del grupo de apoyo Paternidad y Masculinidad sin violencia, conducido por nuestro psicólogo, 30 participantes de nuestro servicio de psicoterapia individual y familiar, y 40 jóvenes de alto riesgo que se beneficiaban del programa Acuerdo de Paz.

Otros programas que reciben ayuda indirecta de Taller Salud y que también sufrirán las consecuencias son al menos 150 jóvenes y adultos que recibían orientación y pruebas rápidas de VIH por parte del programa Cuídate, cientos de personas que participaban de la Feria de Salud y unas 20 mujeres adultas y otras 20 jóvenes que se beneficiaban del programa Arte con Salud dirigido a la prevención de las ETS y el VIH.

Taller Salud es una entidad sin fines de lucro con una trayectoria de sobre 35 años de servicio comunitario en favor las comunidades más vulnerables. Los programas que se ofrecieron en los residenciales – Derecho a crecer en paz, Arte con Salud, Tu paz cuenta, Educación Sexual Integral, Abuelas Criando Nuevamente y Acuerdo de Paz – son modelos probados de prevención e intervención que trabajan directamente con la promoción de la salud integral y la reducción de violencias.