Llevando años financiando sus operaciones a fuerza de líneas de credito y tras ser objeto de una sustracción de fondos mediante el mecanismo del clawback, la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Carmen Villar, admitió que durante este cuatrienio su agencia estuvo en constante riesgo de colapsar.

‘Ciertamente una agencia que tiene líneas de crédito sin fuentes de repago de ningún tipo y cuyo gasto operacional había sido financiado casi en su 60% en algunos años, no podemos decir que es una agencia que está funcionando en su estado óptimo’, declaró Villar durante las vistas de transición. Según explicó al presente la ACT mantiene una deuda de poco más de $2,000 millones por concepto de líneas de crédito que aún no han costeado.

En el informe de transición de la ACT se desglosa que hasta diciembre del 2012 la agencia usó $1,281 millones para financiar mejoras capitales y $629 millones para gastos operacionales. No obstante Villar indicó que para este año fiscal su agencia ha sobrevivido por gracia de los ingresos del arbitrio al petróleo y sus derivados (conocido como la crudita), el arbitrio de cigarrillos y ganancias por derechos de renovación del registro de vehículos.

No obstante, los clawbacks que activó el gobernador Alejandro García Padilla contra esa agencia también tuvieron un impacto negativo en sus finanzas. El año pasado unos $47.6 millones fueron tomados de la ACT por ese mecanismo, mientras para el presente año esa cifra llegó a $262 millones.

A preguntas del ingeniero Manuel Laboy, del Comité Entrante, Villar sostuvo que debido a la precaria situación de liquidez en la que se encontraba el gobierno, no se opuso a la extracción de fondos. Sin embargo, el licenciado Alfonso Orona, del Comité Entrante, señaló que el acuerdo que incoaron con los acreedores al incurrir en la emisión de bonos del 2010 establece que los clawbacks estarán disponibles exclusivamente si el gobierno central tiene necesidad para pagar sus obligaciones generales.

Villar no pudo precisar para qué el gobierno usó la cuantía que obtuvieron mediante ese mecanismo, aunque la secretaria de la gobernación, Grace Santana, indicó que parte de esos recursos fueron utilizados para el pago parcial de obligaciones generales en enero de este año. No obstante, señaló que la legalidad sobre las acciones del gobernador respecto a estos fondos se dilucida en las cortes.

‘Lo que me preocupa es que se ponga en posición las agencias que al final del día no tienen mucho que decir con relación al derecho que tenía el gobernador a hacer uso de las facultades que tienen en ley, en la Constitución, para activar la claúsula del clawback que ya a este punto está expirada’, dijo Santana. Orona insistió que la ACT aún tenía la responsabilidad de hacer valer los acuerdos que establecieron con sus acreedores.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, precisó que el gobierno mantiene unos $220 millones de los clawbacks en una cuenta en el Banco Popular que están disponibles mientras otros $200 millones permanecen congelados en el Banco Gubernamental de Fomento.