En tres y dos, así puso la senadora María de Lourdes Santiago al presidente de la Junta de Calidad Ambiental(JCA), Weldin Ortiz luego que le cuestionara cuándo fue la última vez que evaluó los riesgos de los depósitos de cenizas en la isla.

Y es que mientras Santiago le exigía fechas de cuando realizó evaluaciones sobre los riesgos de dichos depósitos, Ortiz no supo precisar cuándo fue que las realizó.

Asimismo, la senadora rememoró que la producción de cenizas en Puerto Rico, comenzó el 2012 con las operaciones de Applied Energy Sistem (AES) , las cuales estaban reguladas por distintas disposiciones bajo distintas entidades gubernamentales.

Entre tanto a preguntas de NotiCel a la senadora sobre por qué Ortizcambió de opinión y pidió que se cerrara el depósito de cenizas, Santiago aseguró que ‘él está tratando de que todo el mundo quede bien’. Además cuestionó que se atienda el reclamo de las autoridades ‘pero que se salve la responsabilidad de la Junta por la negligencia que se ha desplegado todos estos años’.

‘Por ejemplo la declaración del proyecto de impacto ambiental que disponía que AES estaría exportando el producto secundario que no se utilizaría en Puerto Rico y que no se depositarían las cenizas que son derivados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico, ese era el estado de derecho que comenzó a operar AES al generar cenizas’ detalló la senadora.

Esto mientras seguía repasando que la generación de cenizas promedia diariamente entre 600 y 800 mil toneladas del desperdicio para un promedio anual de 250 mil toneladas de cenizas.

Mientras, Ortiz , se comprometió con buscar información para explicarles a los ciudadanos que viven en un entorno que contiene cenizas de la compañía AES , sobre si hay algún riesgo a su salud.

‘Nosotros vamos a buscar la información y la vamos a informar’, dijo Ortíz durante la vista de interpelación en el Senado por el manejo de las cenizas de carbón por parte de AES y los vertederos Peñuelas Valley Landfill y Coquí Landfill en Humacao, propiedad de EC Waste. La información, según Ortiz no está en poder de la JCA, pero se comprometió a procurarla.

Las cenizas de la AES se regalaban o se vendían como material de construcción o relleno de terreno en urbanizaciones, centros comerciales, centros recreativos, puentes, carreteras, etc. Inclusive, se utilizaron para el camino a la cogeneradora, razón por la que fueron sancionados por la JCA.

No obstante, dicha práctica se prohibió en el año 2013, luego de que la JCA cambiara su posición sobre el llamado Agremax, de que las cenizas no tienen ningún beneficio y por lo tanto son basura. La JCA prohibió entonces el uso del residuo de carbón para cualquier propósito.

Cuestionado entonces que haría con todas las cenizas depositadas en distintos lugares en la Isla, expresó, que ‘lo removería con un digger’.

Ortiz admitió ademas que su agencia no ha sido del todo enérgica con las imposiciones de multas a la compañía AES por el manejo de los desperdicios, gran parte de ellos convertidos en una montaña en las instalaciones de la generadora en Guayama.

‘En los pasados 7 u 8 años, AES ha estado depositando ilegalmente estos desechos no peligrosos a lo largo y ancho de Puerto Rico. Si cualquier vecino depositase en su finca desperdicios sólidos residenciales no peligrosos, y la JCA se entera que lo hizo y no tenía permisos, la Junta puede ordenarle al vecino que limpie el local, recoja la basura, la disponga y hasta lo puede multar. La pregunta retórica que me hago es entonces, por qué a AES no se le obliga a hacer exactamente lo mismo que a cualquier vecino? Yo vivo en Guayama y mientras yo estoy en Guayama, la gente de Guaynabo, donde vive el presidente de AES (Manuel Mata), no quiere que le lleven las cenizas a Guaynabo. Not in my backyard! Pero yo me las tengo que chupar en Guayama y se las tengo que mandar a Peñuelas y se las tengo que mandar a Humacao a costa de los acuíferos de Salinas y las siembras que se dan en los campos donde también depositaron cenizas. Quien le va a responder a toda esta gente?’, dijo Tirado.

Para la senadora María de Lourdes Santiago, autora de la Proyecto del Senado 340, es poco creíble lo expresado por el presidente de la JCA.

‘AES estuvo tomándole el pelo a Puerto Rico por 12 años depositando este material en varias comunidades y ahora él dice que hay que removerlas con un digger. Que se necesita para engañar a una agencia especializada por una década? Él admite que tiene la facultad en ley para imponer sanciones y ha determinado no hacerlo. Esta gente son el florero ambiental, son un material decorativo, no sirven para nada’, expresó Santiago.

Al finalizar su interpelación, el presidente de la JCA se expresó a favor del Proyecto del Senado 340 con las enmiendas al lenguaje que se entiendan necesarias.

‘Nuestra recomendación al gobernador es que ese proyecto es eco de muchas determinaciones que ha hecho la JCA. Nosotros lo hemos evaluado y nuestra recomendación al gobernador es que se incluya en la agenda de la sesión extraordinaria o en una próxima. Y de no ser así, que una próxima Legislatura futura evalúe’, declaró Ortiz.

La exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero Pérez, ahora directora regional de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) se excusó de la vista de interpelación bajo el alegato de que los funcionarios de la agencia federal no comparece a foros legislativos estatales.