La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) se declara no responsable de los casos de injusticia ambiental en Peñuelas. ‘El gobierno de Puerto Rico tiene la libertad de ser más fuerte que la EPA’ sentenció la Administradora de la Región 2 de la agencia federal, Judith Enck, al ser abordada sobre el caso de desechos de cenizas en la comunidad de Tallaboa en Peñuelas.

La situación que se ha mantenido viva y bajo el ojo público en los últimos días, debido a los cientos de manifestantes en contra de los dépositos de cenizas de carbón, ha dado cuenta de la incongruencia que existe entre la agencia federal que regula los estándares de seguridad ambiental de Estados Unidos y sus territorios, y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de Puerto Rico, encargada de proteger y conservar el medioambiente en la isla.

‘El asunto del manejo de las cenizas en Puerto Rico es una decisión que tienen que tomar las comunidades en conjunto con el Gobierno de Puerto Rico. El Gobierno Federal aquí tiene unos requisitos mínimos federales para el manejo de estos residuos que vienen de la quema de carbón’ dijo la directora de la EPA, Carmen Guerrero Pérez.

La exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), también apuntó que existen estados dentro del territorio americano que tienen estándares más elevados que los que establece la agencia que dirige.

‘En el estado de California las cenizas están categorizadas como un residuo peligroso’ mencionó como alternativas que podría asumir el gobierno local frente a la situación en Peñuelas.

En ocasiones anteriores, tan recientes como en el 2015, la EPA intervino por el manejo indiscriminado de las cenizas y reguló el modo en que podían ser depositadas, tomando en cuenta solamente requisitos de ingeniería, como la utilización de ‘liners’ o capas que cubren las cenizas y a la misma vez, evitan que los líquidos penetren el suelo. Lo anterior, según la EPA, debe estar acompañado de estudios continuos al terreno y al agua subterránea.

Al ser cuestionada por los estándares de calidad del aire, Judith Enck admitió que hace tiempo no se realiza ningún estudio que aborde el tema.

Aunque existe el documento ‘Final Rule’ en el que se acepta que los resultados de las pruebas de toxicidad no son los mejores, la EPA, habiendo hecho cumplir sus requisitos mínimos, se posiciona fuera de cualquier conflicto entre las comunidades afectadas y las empresas involucradas en la producción de cenizas.

La JCA y el gobierno actual serían los responsables inmediatos de los efectos que tengan los residuos en los suelos y en la salud de los habitantes.

‘La Junta de Calidad Ambiental, que es la que tiene el deber reglamentario de manejar los residuos sólidos no peligrosos en Puerto Rico tiene el deber de asegurar que se cumplan estos criterios’ dijo Guerrero Pérez, quien asumió la postura de la EPA.

Por otra parte, a pesar de que la JCA determinó que los residuos de Applied Energy Systems (AES) no son peligrosos, Enck recomendó al gobierno local escuchar la voz de la comunidad en Peñuelas.

Hace más de tres años, descansa sobre la mesa legislativa un proyecto de ley que propone la creación de una política pública sobre el manejo de las cenizas de carbón.