El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó el lunes al Departamento de Hacienda (DH) paralizar la implementación del proyecto de vídeo lotería, tras acceder a la petición de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA).

En la resolución, mediante la cual la jueza presidenta, Maite Oronoz, votó no ha lugar, se prohibe al Secretario de Hacienda hacer viable cualquier mecanismo de vídeo lotería, al amparo de los reglamentos 8633 y 8634, del 3 de junio de 2015.

‘En torno a la moción en auxilio de jurisdicción que presentó la Asociación, se provee ha lugar. En protección del interés público, se paraliza la implementación de la vídeo lotería. De esta forma, se le prohibe al Secretario del Departamento de Hacienda realizar cualquier acto dirigido a hacer viable los mecanismos de vídeo lotería (…) mientras se resuelve el caso de epígrafe’, sostuvo Oronoz.

La petición de apelación, que fue radicada por el remedio de certiorari, fue avalada por el Tribunal al considerarse que protege el interés público.

Por su parte,Miguel Vega, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), se mostró complacido por la decisión implementada desde el Tribunal Supremo.

‘La paralización de los procedimientos para implantar este juego tan nocivo nos llena de esperanza a todos en la industria turística en Puerto Rico’, sostuvo Vega. Confirmó además que, desde la PRHTA, existe una fuerte oposición ante la posible llegada a la isla del conocido como ‘crack cocaine’ de los juegos de azar. De hecho, subrayó que su posicionamiento actúa en sintonía con el bloqueo que la Legislatura ha efectuado, durante la pasada década, a los intentos de implantación de estos juegos.

Asimismo, en un ejercicio de señalamiento público, Vega denunció que, durante años, la compañía Caribbean Cage ha cabildeado’en cuartos oscuros’ para lograr la aprobación de dichos reglamentos. Por otra parte, señaló que esta compañía estuvo directamente relacionada con el exrecaudadory convicto político Anaudi Hernández, al constituirse como su único cliente privado.

Según argumentó el presidente, los intentos de esta compañía no se habrían centrado exclusivamente en ejercer presión sobre el gobierno local, sino que las conversaciones habrían llegado incluso al Congreso de los Estados Unidos y a la Junta de Control Fiscal. Aparentemente, Caribbean Cage habría vendido la opción de la videolotería a estos organismos como el secreto para la recuperación económica y el despertar turístico de Puerto Rico.

El hostelero confirmó que esta iniciativa supondría un perjuicio a la población local, ya que ‘la solución que proponeCaribbean Cage con la videolotería (pondría) a nuestra gente a jugar desenfrenadamente en los barrios y comunidades’, lo que redundaría en más pobreza y problemas sociales.

Resolución TSPR_21931