Los puertorriqueños acudirán a las urnas hoy con la esperanza de que el nuevo gobernador los saque de una de las peores crisis económicas de su historia reciente.

El próximo gobernador de Puerto Rico encontrará unas arcas públicas vacías y margen de maniobra limitado, ya que el Congreso estadounidense impuso el pasado junio una junta de control fiscal a la que el Ejecutivo local está obligado a consultar.

El Congreso en Washington aprobó la Ley Promesa que establece una entidad que se superpone al Gobierno y el Legislativo de la isla para cualquier decisión del área económica, a cambio, entre otras medidas, de ‘congelar’ temporalmente el pago a los acreedores de Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 60,000 millones de dólares.

Las encuestas solo dan posibilidad de victoria a Ricardo Rosselló, el candidato del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), y a David Bernier, del oficialista Partido Popular Democrático (PPD) que apuesta por perpetuar el actual estatus, quienes han dicho que aceptan esa junta pero que tratarán de defender la soberanía que concede la Constitución de Puerto Rico.

La situación de las finanzas públicas es tan difícil que provocó durante el último año los primeros impagos en la historia de Puerto Rico, la advertencia del Ejecutivo de que no había fondos para atender las necesidades básicas de la población y las amenazas de los acreedores de llevar a los tribunales al Gobierno.

El respiro que da la ley que ‘congela’, temporalmente, el pago de los vencimientos de deuda a los acreedores no le sale gratis a Puerto Rico, ya que el próximo gobernador deberá informar y pedir autorización para hacer cualquier desembolso relevante con dinero público.

Aunque algunos de los seis candidatos -incluidos dos independientes- advirtieron que no aceptarían el sometimiento a la junta de supervisión fiscal impuesta por Washington, tanto Rosselló como Bernier fueron más realistas al aceptar la coexistencia con el incómodo ente.

Una economía en caída libre desde hace una década y unas finanzas públicas prácticamente en insolvencia no son únicos retos a los que se enfrentará el próximo gobernador, que tendrá que lidiar con una corrupción que se ha colado en la campaña electoral.

El caso de corrupción de un antiguo recaudador de fondos del PPD, Anaudi Hernández, que se valió de su amistad con dirigentes de la formación en el poder para obtener contratos con entidades gubernamentales es, probablemente, una de las razones de que Bernier esté por debajo en las encuestas frente a Rosselló.

Hernández, amigo o conocido de relevantes figuras del actual Gobierno y miembros de las cámaras legislativas, volvió a poner en primer plano la corrupción política, que periódicamente se sitúa en la actualidad puertorriqueña.

La crisis económica, convivir con una molesta junta de supervisión y la reestructuración de una deuda que los acreedores no quieren aceptar no son, ni mucho menos, los únicos retos para el próximo jefe del Ejecutivo, que tendrá que prestar atención a una criminalidad que vuelve a golpear con fuerza las calles de la isla.

Un desempleo superior al 10 % y una de las poblaciones activas más bajas del mundo empujan a una parte de la juventud a ganarse la vida en el lucrativo mundo del tráfico de drogas. El control de los puntos de venta de droga es la causa de interminables ajustes de cuentas.

Algunos fines de semana se han saldado en los últimos meses con más de 10 muertos, mayoritariamente en ajustes de cuentas, cifras que han sembrado la alarma y hecho recordar el fatídico 2011, año que con 1,164 supuso el establecimiento de un oscuro récord de homicidios desde que se registran estadísticas.

Los puertorriqueños esperan que el próximo gobernador dé solución a estos problemas y no tener que hacer las maletas para buscar una vida mejor rumbo a Estados Unidos, adonde en 2015 emigraron casi 90,000 personas para una población de solo 3.5 millones de habitantes.