El juez federal Francisco Besosa determinó la noche del miercoles que la suspensión de pleitos provista por la Ley PROMESA se va a mantener en pie por lo menos hasta el 15 de febrero de 2017, lo que supone un alivio para el Gobierno de Puerto Rico, pero advirtió que ese espacio no se debe abusar y se debe usar para enfrascarse en negociaciones con los acreedores de la deuda pública.

‘[E]l gobierno no debe abusar o desperdiciar el ‘respiro’ que provee la decisión de este tribunal. El propósito de la suspensión de pleitos de PROMESA es permitir que el gobierno entre en negociaciones voluntarias y significativas con sus acreedores sin la distracción y el peso de defenderse en numerosas demandas. El gobierno debe aprovechar completamente del alivio que este tribunal le ofrece hoy para alcanzar ese objetivo esencial. De hecho, tiene una obligación para así hacerlo’, concluyó Besosa.

A lo largo de la decisión, se hace evidente el peso que tiene el tribunal de buscarle significado a una ley que tiene lagunas y ambigüedades, y también surge que la Ley de Quiebras será uno de los referentes principales, pero no el único, para adjudicar controversias bajo PROMESA. De hecho, Besosa aplicó tanto la jurisprudencia relacionada a quiebras como principios constitucionales para descartar cada uno de los demandantes que estaban consolidados en el caso y que lo que buscaban es que el tribunal les reconociera a cada uno un ‘huequito’ para que su demanda pudiera seguir en pie a pesar de la paralización de pleitos que dicta PROMESA.

La determinación del juez vino después de denegar una solicitud de intervención de la Junta de Control Fiscal creada bajo PROMESA, y tiene el efecto de dejar en suspenso la vista que se supone se realizara el jueves.

El gobernador AlejandroGarcía Padilla celebró la determinación.

‘Después de años de esfuerzos para procurar herramientas para la recuperación económica de Puerto Rico, así como de atender responsablemente nuestra crisis fiscal y la deuda pública que nos dejaron otros gobiernos, estoy muy complacido con que el Tribunal federal haya validado nuestros reclamos para lograr mantener los servicios públicos’, expresó el gobernador Alejandro García Padilla en declaraciones escritas a la vez que agradeció a su equipo fiscal y al Departamento de Justicia ‘por sus incansables esfuerzos a favor del país. Confío que la ruta de la recuperación que hemos comenzado continuará aceleradamente en buenas manos’, dijo.

El Mandatario también apuntó a que toca dar paso al Plan de Ajuste Fiscal presentado a la Junta de Control Fiscal, ‘de manera que podamos encaminar una restructuración ordenada de la deuda bajo el andamiaje dictado por PROMESA y así lograr la pronta recuperación económica de Puerto Rico. En este proceso seguiremos guiados por los principios de política pública que hemos delineado para evitar medidas de austeridad que sigan afectando nuestra economía, poder proteger el empleo de nuestros funcionarios públicos, a nuestros pensionados, a la Universidad de Puerto Rico y a nuestras poblaciones más vulnerables’.

García Padilla había anticipado que apelaría si el juez federal declaraba no ha lugar la moratoria provista por la Ley PROMESA.

‘De más está decir que apelaría el mismo día… Yo creo que la ley es clara y nos protege. Lo que quieren los bonistas es que no le de servicios al pueblo, antes de pagarle a ellos’, dijo.

‘Si el tribunal determinara que a esos litigios no les aplica la moratoria de liquidación, entonces, los servicios públicos quedarían a merced de Wall Street. Eso lo que quiere decir, en arroz y habichuelas, es que yo tendría que pagarles a ellos antes de pagar la gasolina de las patrullas, de las ambulancias, de los camiones de Bomberos; tendría que pagarles a ellos antes de pagar las medicinas para el Centro Médico… Aquí no es Alejandro contra bonistas, es Wall Street contra servicios. Y yo voy a estar del lado de los servicios’, añadió esta tarde.

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