La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico convocó hoy, miercoles, una conferencia de prensa para hacer tres reclamos principales al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC): la creación de un Consejo Asesor, que se establezca una nueva convocatoria del Fondo Especial, y que se hagan públicos los libros de contabilidad de la agencia.

En impresiones generales, parecería que ha sido un buen año para el cine puertorriqueño. En los dos años en que la desaparecida Corporación de Cine de Puerto Rico pasó a ser un programa del DDEC, se han producido en la isla 14 películas y 23 continúan en producción. Sin embargo, la última convocatoria al Fondo Especial que otorga la entidad se hizo en el 2014.

‘Esto constituye un incumplimiento de la ley sustituta 171 del 2014, que manda dos convocatorias al fondo cinematográfico anuales, una de ficción y una documental, y la constitución de un consejo asesor compuesto por miembros de la industria cinematográfica’, lee el comunicado de prensa de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR).

Entre las exigencias, se encuentran la creación de un Consejo Asesor, constituido por miembros del sector cinematográfico, junto al establecimiento de la fecha definitiva para la próxima convocatoria del Fondo Especial. El propósito del consejo de asesoramiento sería poder desarrollar un plan estratégico para fomentar la producción de cine nacional dentro de los próximos cinco años, tal y como se establece en el artículo 3 de la ley 171.

‘El otro reclamo, que no tiene nada que ver con la ley, es que se hagan públicos los libros de contabilidad de la agencia, qué han hecho con 8 millones que existían cuando llegó esta administración en el 2012 y qué han hecho con los 6.6 millones de los últimos dos años’ explicó Kique Cubero García, presidente de la AdocPR.

Según Cubero García, durante la última década se han hecho donativos al Fondo Especial que alcanzan un cuarto de millón de dólares de los que nunca se han hecho uso. Una de las preocupaciones para la industria del cine puertorriqueño es que, bajo la coyuntura económica de la isla, estos fondos ahora se encuentran bajo la amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal.

Sin embargo, el fondo cinematográfico no opera como una beca, sino como un préstamo, por lo que el contrato establece que, en la medida que el proyecto sea ‘comercialmente exitoso’, el cineasta debe devolver el dinero. Esta es la experiencia de Karen Rossi, quien habló sobre lo difícil que es lograr un contrato para sufragar los costos de una producción.

‘Mi contrato dice que, si yo no devuelvo el préstamo, la película no es mía, es del fondo de cine’, añadió la documentalista.

En ausencia del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, los cineastas esperan por una reunión con el subsecretario, Juan Carlos Suárez. Los manifestantes se negaron a reunirse con Demetrio Fernández Manzano, director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, por reconocer que la autoridad final está en manos del DDEC.

La actividad comenzó con una manifestación pacífica por parte de los cineastas a las afueras de la oficina del DDEC, ubicado en el cuarto piso del edificio de Fomento en la Avenida Roosevelt. En respuesta al acto, el equipo de seguridad procedió a llamar a la policía por no considerar el lugar como un foro público para manifestarse. Los oficiales permanecieron en el primer piso del edificio.