Las declaraciones emitidas por el diario económico norteamericano The Wall Street Journal durante esta semana, en las que recomienda que la Junta de Control Fiscal rechace el Plan Fiscal presentado por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en la segunda reunión celebrada en Nueva York, el pasado 14 de octubre de 2016, han levantado ampollas en el seno de del Partido Popular Democrático (PPD).

Para la publicación norteamericana, los recortes en gastos reflejados en dicho Plan Fiscal resultan insuficientes –exigen más-, y abogan por establecer negociaciones con el nuevo gobierno que se configure tras las elecciones del 8 de noviembre, obviando al que actualmente se encuentra en funciones. Ello ha suscitado la protesta del senador popular por el distrito deMayagüez- Aguadilla Gilberto Rodríguez Valle, quien afirmó durante la mañana de hoy sábado que ‘no basta con que el Gobierno Federal nos haya impuesto una Junta de Supervisión Fiscal, ahora se suma a esta falta de respeto la publicación de un periódico de difusión masiva en los Estados Unidos’.

Según información aportada por comunicado de prensa, Rodríguez Valle declaró que lo que dicha publicación desea es que se implemente un proceso de austeridad extrema para la isla, lo cual conllevaría a una situación insostenible. Contrario a esto, el también presidente de la Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas y Micro-Empresas del Senado, expresó que ‘no podemos dar paso a que la Junta de Supervisión Fiscal despida empleados públicos, porque matemáticamente eso agravaría la crisis. El cuatrienio pasado el PNP aprobó la Ley 7 que despidió 30,000 empleados públicos ocasionado que más de 50,000 empleos directos e indirectos del sector privado’.

Sin embargo, el legislador también reconoció que los esfuerzos del PPD por estructurar la difícil coyuntura económica en la presente legislatura presentan sus claros y sus sombras, confirmando que las medidas de austeridad realizadas en los pasados años generaron menos gastos en el sector públicos, pero no pudieron atajar los problemas de recaudos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

También evidenció la inexistencia de un cálculo exacto de cuál es el nivel de deuda acumulado, al declarar que ‘es neurálgico impulsar una auditoría de la deuda publica, que sea complete y detallada, para tener los lineamientos claros de qué parte de la deuda es constitucional y cual no lo es’.