La compañía America Aponte & Associates en la que la candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, licenciada Alexandra Lúgaro, trabajó como directora ejecutiva y que ha enfrentado investigaciones locales y federales, podría al fin cerrar el capítulo de revisión de ajustes por ingresos, rentas y servicios profesionales al cual se enfrenta con el Departamento de Hacienda desde 2012.

Desde ese entonces, la corporación entabló una demanda contra el Departamento de Hacienda por entender que una auditoría de la agencia estuvo errada.

Según reza el caso, Hacienda entendió que América Aponteno empleó el método de contabilidad de recibido y pagado (cash basis), pero emitió el 13 de julio de 2012 una Notificación de Tasación y cobro de Contribución en Peligro, Notificación y Requerimiento de Pago de Contribuciones y Notificación de Determinación Preliminar de Deficiencia, dirigidas a la empresa. Del Resumen de la Investigación se desprende que los ajustes por ingresos, rentas y servicios profesionales de Hacienda arrojaron una deuda ascendente a $969,640.

‘El Departamento de Hacienda, es el que está equivocado en sus planteamientos y el caso el tribunal se tardó tanto en tomar una decisión, que la cantidad que había que pagarle al Departamento de Hacienda, se pagó en su totalidad. Así que realmente ya la decisión que tome el tribunal para cualquiera de las partes no va a hacer ningún tipo de cambio porque bajo el método de pagar a 10 años yo me acogí a ese método y esos 10 años pasaron, ya yo la pagué. Así que la cantidad ya está paga ya no hay ningún caso’, aseveró a NotiCel la licenciada Lúgaro, quien firmaba las planillas de la corporación como representante de la entidad.

La Notificación de Determinación Preliminar de deficiencia apercibió a América de su derecho a solicitar a la agencia reconsideración y vista administrativa dentro de los 30 días siguientes al depósito en el correo de la notificación. Así lo hizo a la vez queradicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia contra Hacienda, en la que adujo que había prescrito el término para el cobro de la deuda, y en la alternativa el Tribunal debía ajustar la deficiencia notificada.

Hacienda celebró la vista solicitada por América el 15 de octubre de 2012. De igual modo, la agencia solicitó la desestimación de la demanda ante el Tribunal aduciendo que la compañíadebía agotar los remedios administrativos antes de acudir al foro judicial. Primera Instancia acogió el argumento de Hacienda y desestimó la demanda por falta de jurisdicción.

América Aponte y Asociados apeló el caso para solicitar la revisión al Secretario y demandar paralelamente a Hacienda para que el Tribunal de Instancia ordenara ajustar la deficiencia.

El caso se ha venido revisando desde el 2006, sin embargo, fuentes de NotiCel aseguran que en los próximos meses la determinación del Departamento podría fallar a favor de la compañía, en la cualLúgaro fungió como directora y que es propiedad desu madre.

El abogado de la empresa, Antonio Bauzá, aseguró que ‘los casos que tenemos de Lúgaro es de la compañía en la que trabajaba ella con la mamá, América Aponte <><>& Associates. Ahí nosotros tuvimos una deficiencia de contribución sobre ingreso y entonces la impugnamos a nivel administrativo y pedimos una vista administrativa la cual se hizo hace un tiempo y estamos esperando la determinación de la jueza administrativa en cuanto a la impugnación que nos impuso el gobierno. También hubo una deficiencia a la mamá, las dos deficiencias las impugnamos y las dos están esperando por la determinación del juez administrador. No fueron unas deficiencias impugnadas en las planillas de Lúgaro fueron en las corporaciones de la mamá y el papá, pero de ella no ha habido ninguna deficiencia’./p

p

América Aponte <><><> Asociados, localizada en Trujillo Alto, es una corporación que ofrece programas educativos a estudiantes, padres, maestros, directores y supervisores./p

p

La empresa, que ofrece cursos a la empresa privada, tuvo unos contratos con el Departamento de Educación que fueron cancelados, en marzo de 2014, por un alegado incumplimiento con compromisos programáticos que tenía la empresa con varias escuelas incluidas en el Proyecto de Transformación de Escuelas bajo el programa federal School Improvement Grant (SIG)./p