La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Itzamar Peña Ramírez, alertó el domingo sobre el dramático impacto que tendrá en los artesanos puertorriqueños la implantación de la una nueva Orden Administrativa del Departamento de Salud, la cual les obliga a pagar al Estado sobre $600 anuales en nuevas certificaciones.

‘La artesanía es una de las expresiones más genuinas de la cultura puertorriqueña. Entendemos que esta nueva disposición acierta un duro golpe a estos trabajadores, al punto de facilitar el posible cierre de muchos talleres’, señaló la líder estadista mediante un parte de prensa.

La legisladora explicó que, durante el pasado mes de febrero, la secretaria del Departamento de Salud, Ana Ríus, firmó la Orden Administrativa #346 para el establecimiento de política pública en torno a la Distribución de Productos Naturales, Suplementos Nutricionales o Suplementos Dietéticos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Orden presuntamente requiere a todos los artesanos que elaboren cremas y jabones a que dispongan de nuevas certificaciones exigidas por la División de Medicamentos y Farmacias del Departamento de Salud, así como por parte de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

‘Los nuevos requisitos, como una certificación de la mencionada División, un certificado de calidad del Departamento, certificado de un laboratorio debidamente acreditado y el número de registro en la FDA, son demasiado onerosos para la inmensa mayoría de nuestros artesanos’, denunció Peña Ramírez, quien indicó que el pago por certificado ascenderá a $25, lo que constituirá unos $500 cada dos años para poder manufacturar productos artesanales como jabones, junto a otros $100 para la expedición de un certificado de distribución y $50 más para la solicitud de una inspección del Departamento.

Ante esta coyuntura, la portavoz de la delegación del PNP en la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado cursó una carta a la gerente de la División de Desarrollo Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial, Milagros Solís Ocasio, para solicitarle su intervención.

Además, adelantó que llevará este asunto a la atención de los miembros de la Junta de Control Fiscal.