Más allá de la imposición de una Junta de Control Fiscal como una autoridad con el poder de actuar sobre el gobierno local, la ley PROMESA encomienda a ese cuerpo a producir un gran volumen de información sobre las finanzas y operaciones del estado, sin especificar cuáles de esos datos estarán disponibles para el ojo público.

Por tal motivo, la transparencia se convierte en la única arma que tiene tanto la ciudadanía como el gobierno local para reaccionar a las determinaciones que haga ese cuerpo. En torno a este asunto fue que giró la conversación durante el foro ‘Transparencia al son de PROMESA’, celebrado el jueves en la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, con la participación del catedrático Efrén Rivera, la licenciada Eva Prados y el periodista Joel Cintrón Arbasetti.

El foro profundizó sobre unos 41 datos que la recién implantada ley no detalla si serán públicos o confidenciales, entre los cuales figura el informe anual que la Junta debe enviar al Congreso, el informe de flujo de efectivo que el gobierno entregue, los contratos en que incurran, la certificación de acuerdos voluntarios que logren con los acreedores y hasta el salario del director ejecutivo.

‘Cuando la ley guarda silencio, una de sus consecuencias es que aumenta la discreción de los que implantaron la ley. Aumenta la discreción de los tribunales y puede uno terminar privado de la información por virtud del ejercicio de esa discreción’, explicó Rivera.

A juicio de la licenciada Prados, al no tener acceso a la información que la junta obtenga, se complicará la tarea de medir las consecuencias de sus acciones y cómo afecta el pueblo. ‘Al no tener garantía de estos datos, se nos va a hacer muy difícil también poder lograr obtener información sobre los impactos sociales y económicos de estas medidas que se van a ir adoptando’, advirtió Prados.

Otro aspecto que levantó bandera y quedó francamente ilustrado en la primera reunión de la Junta fue la manera que ese cuerpo acordó de antemano sus asuntos pendientes para después presentarlos en una reunión pública.

Cintrón Arbasetti relató que tras la primera reunión el presidente de la Junta, José Carrión III, señaló que según el reglamento que aprobaron algunas reuniones serían abiertas al público y los documentos se harían disponibles en internet. ‘Según se dio esa primera reunión pública, uno puede pensar que, detrás de cada reunión pública, va a haber una reunión ejecutiva secreta donde se van a tomar las decisiones, y luego lo que vamos a ver como reunión pública en realidad va a ser un simulacro de reunión donde ya las decisiones están tomadas’, explicó el periodista.

Ante la incertidumbre que rodea las acciones de la Junta y la disponibilidad de la información que logren recopilar, Rivera sostuvo que existen vías que ameritan explorar para requerir a ese cuerpo operar con mayor transparencia. En particular destacó una cláusula dentro PROMESA que indica que esa ley prevalecerá sobre cualquier legislación local que sea incompatible.

‘Eso podría dar lugar a que lo que no sea incompatible con PROMESA es aplicable. Lo que podríamos argumentar es que el derecho constitucional al acceso a la información no es incompatible con PROMESA y por lo tanto debería aplicar’, arguyó.

Rivera Ramos también subrayó que la herramienta de la transparencia tiene que estar reforzada por la acción política y la presión cívica si se quiere lograr incidir sobre las acciones de la Junta.