Aquella pelea de Tito Trinidad contra Winky Wright del 2005 todavía retumba más de una decada despues.

Ahora los púgiles serán otros – los abogados del exsenador penepé Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo contra el personal de la Oficina del Procurador General federal.

Y el cuadrilátero no es de lona en un hotel de Las Vegas sino en la sobriedad del Tribunal Supremo federal en Washington D.C.

El ‘lets get ready to rumble’ vendrá vía el menos apasionado ‘may it please the court’, pero ambos anuncian pelea. Y ambos eventos están inexorablemente ligados.

Héctor Martínez y Juan Bravo le van a decir a los ocho jueces del Supremo que no los pueden volver a procesar criminalmente por los cargos de soborno que emanaron del viaje que hicieron a Las Vegas para gritar ‘Tito, Tito’. Procesarlos de nuevo, dicen ellos, iría contra la cláusula constitucional que prohibe la doble exposición. El Gobierno federal, en cambio, expondrá que no tiene impedimento legal alguno para procurar otro juicio en contra de ellos.

Puerto Rico parece ser tierra fértil para la jurisprudencia de este escabroso tema, que hasta hace poco solía discutirse únicamente entre fiebrús constitucionalistas y penalistas. Apenas este verano, en Puerto Rico v. Sanchez Valle, el Supremo federal se metió en el tema de ‘double jeopardy’ y, en el camino, dejó herido de muerte al ELA al decir que no es un soberano similar a los estados de la unión para procesar, paralelamente al gobierno federal, a acusados de delitos.

Parece otra época – aquella cuando no había atisbo de junta de control fiscal y aún se podía argumentar que existía un pacto bilateral con Estados Unidos – pero fue hace apenas cinco años cuando Héctor Martínez, y no Anaudi, ocupaba los titulares de periódicos.

Había party buses con todos los senadores penepés en apoyo a Héctor Martínez, un muchachón que parecía bendecido porque caía bien a mucha gente, venía de abolengo político, y era el mejor amigo del entonces presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

En 2010, justo antes de que expirara el término de prescripción, la fiscalía federal acusó a Héctor Martínez de recibir dádivas ilegales de Juan Bravo, incluyendo el viaje a Las Vegas y los boletos para ver a Tito, a cambio de presentar legislación que beneficiara a su compañía Ranger American.

Antes boletos de peleas de boxeo y pasajes a cambio de legislación, hoy donativos políticos a cambio de contratos… la corrupción e inmoralidad política tiene temas recurrentes y por eso el argumento de esta mañana y el resultado de esta decisión pueden ser materia de espera ansiosa no sólo para acusados y abogados en otros casos, sino para la propia fiscalía federal.

En marzo de 2011, ambos Héctor Martínez y Juan Bravo fueron hallados culpables por un jurado de varios cargos, pero exonerados de otros. Esto es importante, porque de ese desfase – culpable en algunos cargos y no culpable en otros – es que surge la esencia del argumento apelativo de la defensa.

La dupla salió culpable de cargos sustantivos relacionados con soborno, pero exonerados de cargos de conspiración. La defensa argumentó ante el Primer Circuito en Boston que el juez federal Francisco Besosa había dado las instrucciones al jurado incorrectamente en los cargos en que resultaron convictos los acusados. Boston le dio la razón a la defensa.

Los cargos de conspiración por los que fueron exonerados ya no pueden volver a ser procesados jamás, precisamente porque un jurado los halló no culpables. Los que están en controversia son los cargos de soborno. Pero la defensa plantea que al jurado exonerarlos en los cargos de conspiración, necesariamente pasó juicio ya en torno a los sobornos que están dentro de esa conspiración.

La defensa sostiene que las actuaciones anclas que requieren cargos de conspiración – los sobornos – ya fueron juzgados y, por ende, no pueden volver a litigarse.

El portal scotusblog.com analizó el caso e hizo el paralelo con Ashe v. Swenson, resuelto en 1970 por el Supremo federal. Allí, la fiscalía procesó a Bob Fred Ashe por haber asaltado a uno de varios jugadores en una mesa de póker. Fue exonerado en el juicio. Pero luego la fiscalía quería procesarlo por el asalto a los demás jugadores. Es entonces que la Corte Suprema adopta la doctrina civilista de ‘colateral estoppel’ y la asemeja a la protección de doble exposición.

Este es un caso sumamente técnico y complejo con consecuencias que, sin embargo, son en extremo simples y contundentes. Héctor Martínez y Juan Bravo fueron sentenciados a presidio. Sus sentencias quedaron en suspenso al ganar ante el Primer Circuito. Pero si pierden ante el Supremo, Héctor Martínez y Juan Bravo podrían enfrentar un segundo juicio que, aunque no atraerá tanta prensa como la primera vez, ciertamente verá sus futuros comprometidos ante la probabilidad de una pena carcelaria.

Héctor Martínez tiene a uno de los más reconocidos y hábiles abogados criminalistas de Estados Unidos en Abbe Lowell. Y la jueza Sonia Sotomayor puede tener un rol importante en el caso pues ha mostrado interés particular con todo lo relacionado al derecho criminal, pues fue fiscal en Manhattan y jueza federal en múltiples casos, experiencia que ningún otro juez de ese foro posee.

Winky Wright le ganó a Tito Trinidad en la que fue la penúltima pelea del campeón boricua. Se fue a 12 rounds. Lo que sin duda no se sospechaban dos de los espectadores allí es que pronto estarían ellos inmersos en una pelea que también duraría 12 rounds. Esta pugna, como aquella, la decidirán varios jueces después de ver a los gladiadores fajarse en el ring.

*El autor es periodista y abogado con práctica penal en el Tribunal Federal. (abogadofederal.com 787-504-3010)