Cuatro años despues que un grupo de beneficiaros y aportadores del Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado y la Judicatura (SR) demandaran a UBS Financial Services por daños incurridos por la fallida emisión de bonos que recomendaron y procesaron en el 2008, la administración del Sistema se unió el martes a esa demanda para reclamar una indemnización de $800 millones.

El caso, de índole civil, acusa a UBS de incumplir con sus deberes fiduciarios con el SR, violar sus obligaciones contractuales y no contractuales como también no actuar de buena fe con respecto al sistema. Esto en torno a una emisión de bonos de $2,947 millones que recomendaron a la entidad en 2008.

Sin embargo, ese año los mercados financieros comenzaron a dar señales de un colapso que se extendió hasta el 2009. El administrador del SR, Pedro Ortiz Cortés explicó, ‘la inestabilidad del mercado a raíz de este colapso imposibilitó que los fondos obtenidos de la emisión de bonos se pudieran invertir adecuadamente y en dicho momento. Los fondos fueron depositados en una cuenta que rendía 2% en el Banco Gubernamental de Fomento. Esto significa que desde el día uno el sistema perdió dinero ya que el costo de los fondos era más alto que el rendimiento recibido.

Esto además significa que no fue una transacción rentable para el sistema de retiro, anulando el propósito para la cual se hizo la misma que fue inyección de capital’.

Por su parte abogado de los demandantes, Harold Vicente, señaló que un estudio hecho en el 2010 por la firma de consultoría financiera Conway MacKenzie concluyó que la emisión de bonos era defectuosa desde su comienzo y no debió realizarse.

En ese momento UBS actuó como consultor financiero del SR, ente estructurador, vendedor de los bonos y manejador de los fondos de inversión. Según el presidente de la Junta de Gobierno del SR, Harry Vega, UBS ingresó sobre $100 millones de dólares por concepto de comisiones de esa emisión, mientras su dependencia tuvo que pagar casi mil millones de dólares en intereses de esa transacción.

‘Durante dicho periodo los activo brutos del sistema se han reducido en un 80 por ciento y el mismo se encuentra al borde de la insolvencia sin la capacidad de cumplir con sus obligaciones con los sobre 120 mil pensionados del sistema de retiro’, advirtió Vega quien explicó que el propósito de unirse a la demanda es remediar aquellos agravios hechos contra la dependencia.

Ortiz Cortés indicó que al presente el sistema de retiro cuenta con entre $1,700 millones y $1,800 millones en activos brutos y mensualmente desembolsan $56 millones al Departamento de Hacienda para sus pensionados.

No descartan investigaciones contra funcionarios que autorizaron la emisión

Aunque al presente la demanda civil está en su etapa procesal, los directivos del SR no descartaron tomar acción contra aquellos funcionarios envueltos con la negociación que dio paso a la millonaria emisión de bonos.

El administrador del SR explicó que aquellas entidades federales que investigan la transacción, tal como la Comisión de Valores (SEC por sus siglas en inglés), podrían tener un ángulo investigativo para hallar daños adicionales o negligencia criminal.

‘En el caso nuestro conforme a las leyes de Puerto Rico y lo que se prometió en la transacción y las representaciones que se hicieron claramente existe para nosotros amplia responsabilidad civil de parte de UBS y los demás actores que estuvieron envueltos en la transacción’, sentenció Ortiz Cortés.

Por su parte el licenciado Vicente indicó que al presente se inicia el proceso de descubrimiento de pruebas por lo que no pudo certificar si existe prueba que evidencie que pasados funcionarios tuvieron conocimiento de las consecuencias de la transacción. ‘Si en el descubrimiento de prueba surgen otros elementos de otra naturaleza estoy seguro que los miembros de la junta de directores y el licenciado Pedro Ortiz referirán esto al Departamento de Justicia, Justicia Federal, al SEC al NASD y a todas las agencias reguladoras correspondientes’, aseguró Vicente.

Sobre este asunto Vega agregó, ‘de identificarse alguna persona con señalamiento en este proceso, la junta de síndicos no va a escatimar y va a hacer los referidos que tenga que hacer a las autoridades pertinentes’.

Entrentanto, el candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, respaldó la acción del Administrador y al Director Ejecutivo de los Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre Asociado y la Judicatura de unirse a la demanda incoada contra la firma de corretaje.

‘La deuda pendiente con nuestros pensionados es una deuda económica y moral. Es una clara injusticia que estos compatriotas, luego de cotizar responsablemente para su pensión, no puedan disfrutar de la misma por decisiones irresponsables tomadas por funcionarios públicos y entes privados que fueron encargados de velar por una adecuada inversión de esos recursos.La deuda moral puede ser saldada haciendo responsables a los que nos crearon con sus acciones negligentes esta crisis’, sentenció Bernier, añadiendo que ‘el gobierno debe ir hasta las últimas consecuencias para reivindicar los derechos de nuestros pensionados.’