El apagón masivo que mantiene a miles de ciudadanos sin energía electrica y bajo la merced de los servidores públicos ya empezó a tener un impacto en las finanzas del gobierno.

Durante el segundo día de vistas en el caso federal que entablaron representantes de fondos de inversión, acreedores y una aseguradora de bonos contra el gobierno para retar el mecanismo de suspensión automática de litigios de cobro que impuso la ley PROMESA, la secretaria auxiliar de Hacienda, Yaimé Rullán Cabrera, reveló que previo a su testimonio fue informada que la cuenta bancaria de la Policía de Puerto Rico está en sobregiro.

‘Cinco minutos antes de entrar a sala me llamaron de Banco Popular donde están las cuentas del gobierno para decirme que una vez salga de aquí tengo que correr para el banco y autorizar una transacción porque las cuentas de la Policía están sobregiradas’, manifestó Rullán Cabrera al explicar que el apagón ya ha generado gastos adicionales al gobierno.

Sin embargo la directora de comunicaciones del Departmento de Hacienda, Maru Quintero, desmintió que la cuenta de la Uniformada esté en sobregiro y aclaró que estaba en peligro de entrar en sobregiro. Afirmo que para remediar la situación depositaron $8 millones a esa cuenta.

Según indicó la situación surgió a raíz de un aumento en las proyecciones de gastos que la agencia estableció para la Policía este mes. El incremento es por concepto de pago de nómina ante la situación de emergencia que ha mantenido agentes trabajando en tiempo extra.

Sus expresiones surgen luego que el licenciado José Ramírez, de la firma Kirkland and Ellis, quien a su vez representa el gobierno de Puerto Rico, preguntara a Rullán Cabrera sobre el impacto que tendría la eliminación de las órdenes ejecutivas 30 y 31 que declaran una moratoria sobre las obligaciones del Estado Libre Asociado y un estado de emergencia al Sistema de Retiro del Gobierno, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones y la Universidad de Puerto Rico.

Rullán Cabrera advirtió que esto redundaría en una severa falta de fondos para cumplir con las obligaciones del gobierno por lo que el estado se vería forzado a paralizar el gobierno en lo que entren suficientes ingresos para emitir pagos. Sin embargo dijo que esto sería imposible porque las agencias encargadas de fiscalizar la entrada de recaudos para pagar las deudas quedarían inoperantes.

Agregó que tendrían que paralizar el pago a suplidores, la nómina de empleados públicos y los reintegros de los contribuyentes. ‘Potencialmente estaríamos completamente desprovistos para atender una situación emergencia como la que atraviesa el país desde hace dos días’, sentenció la Secretaria Auxiliar de Hacienda.