Desde que hace poco más de un año el Departamento de Justicia anunciara la radicación de cargos contra las siete personas que se alega operaban un esquema fraudulento desde la Superintendencia del Capitolio para apropiarse de $2.9 millones en fondos públicos por concepto de obras de remodelación, las comparaciones con el caso de corrupción a nivel federal en el que se ha visto envuelto uno de los principales recaudadores del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, no se han hecho esperar.

En el caso federal que le ha costado la presidencia cameral al representante Jaime Perelló, el esquema se comenzó a fraguar desde noviembre de 2012, cuando Hernández y los co-conspiradores incorporaron varias empresas para iniciar sus licitaciones en agencias clave del gobierno que entraría en funciones en enero de 2013.

En el caso estatal por fraude en la Superintendencia del Capitolio, Justicia asegura que el esquema se extendió por más de dos años, llegando a su punto culminante durante el periodo pre eleccionario del 2012.

De forma muy parecida, las compañías envueltas en el escándalo de la Superintendencia, Restaura Contractor y Fasan Construction Corp., fueron incorporadas el 4 de mayo de 2012 por el acusado Edil Danois Román, para luego crear la impresión que eran dos compañías distintas compitiendo por los mismos contratos.

Haciendo una búsqueda en los contratos disponibles en la página electrónica de la Oficina de la Contralora, aparece un contrato de la Superintendencia del Capitolio a favor de Restaura Contractor otorgado el 8 de agosto de 2012, a tres meses de la existencia de la empresa, por la cantidad de $196 mil para construcción y restauración de estructuras.

Aunque no se conoce como un recaudador político, el presidente de Restaura Contractors, Edil Danois Román, sí aparece en la lista de donativos políticos durante la pasada elección. Entre ellos resalta un donativo el 27 de junio de 2012 por la cantidad de $1,000 para el entonces superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, quien aspiró en el 2012 a un escaño senatorial bajo la insignia del Partido Nuevo Prograsista (PNP).

Luego de las elecciones, al no ser electo, la figura de Velázquez Quiles resurgió como administrador del municipio de Ponce en enero de 2013. Tres meses después de la llegada del exsuperintendente del Capitolio a Ponce, ese municipio le otorgó un contrato a Restaura Contractor por la cantidad de $44, 652.50 para construcción y reparación de estructuras.

Tal y como hizo Anaudi Hernández al extender su brazo de influencias en varias direcciones para generar ingresos, Justicia alega que el empleadoÁlex Martínez Morales, quien tras salir de la Superintendencia del Capitolio fue a trabajar como director del Departamento de Servicios Administrativos de laAsociación de Empleados del ELA (AEELA), es culpable de apropiación ilegal de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber por los sucesos del Capitolio. En AEELA se realizó una auditoría en mayo de 2014 y se refirió a Martínez Morales a Justicia por fraccionar trabajos que debieron ser sometidos a subasta para favorecer precisamente a Restaura Contractors.

Durante las irregularidades en la otorgación de contratos para remodelar el Capitolio, entre 2010 al 2012, la Superintendencia estuvo bajo la supervisión del Senado, pues esta tarea se alterna entre un cuerpo legislativo y el otro cada cuatrienio. Tanto el expresidente cameral Jaime Perelló en el caso contra Anaudi Hernández, como el expresidente del Senado,Thomas Rivera Schatz, se han distanciado de las acusaciones de sus respectivos subalternos. Rivera Schatz, ha expresado públicamente que cualquier investigación sobre el tema se debe a motivaciones políticas del secretario de Justicia, César Miranda.

Rivera Schatz replicó a los hallazgos del informe de la Contralora sobre las irregularidades en la contratación para mejoras del edificio de la Asamblea Legislativa diciendo que ‘la intervención de los presidentes de los Cuerpos Legislativos se limita a designar al Superintendente y, aprobar las asignaciones presupuestarias y la reglamentación necesaria’. Indicó que en ninguna instancia intervienen en el proceso de contratación de servicios o en aspectos administrativos, y que le correspondería al Superintendente emitir su posición respecto a los hallazgos.