La erogación de fondos públicos y le reinstalación de los demandantes en sus cargos fue el resultado de una demanda por discrimen político sometida contra un exfuncionario que ahora ha sido designado para integrar la Junta de Control Fiscal (JCF) autorizada por la ley federal PROMESA.

Se trata del expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos M. García, quien en 2010 enfrentó una demanda por discrimen político por parte de cuatro empleados de carrera de dicha institución.

Los demandantes fueron Luis Amundaray Rodríguez, Carlos Márquez, Ronald Meléndez Tollens y Enrique Otero Ortiz, todos autodeclarados activistas del Partido Popular Democrático con credenciales que incluyen denuncias públicas contra funcionarios de confianza de administraciones penepés, recaudación de fondos y asistencia a caravanas.

El pleito culminó con una transacción confidencial que conllevó la erogación de fondos públicos y la reinstalación de los demandantes.

Además de García, estuvieron demandados José Méndez, vicepresidente del BGF, y Guillermo Camba Casas, entonces director de Recursos Humanos del Banco.

La clave del caso fue que García intentó aplicar un plan de destituciones en el cuerpo gerencial del Banco que afectara solo a los gerenciales nombrados por administraciones populares, incluyendo que el grado de antigüedad de los empleados podía suspenderse y botar al empleado si se encontraba que había otro empleado mejor cualificado para la posición.

En su deposición, García ofreció algunas expresiones que tienen recobrada vigencia a la luz de su nombramiento en la JCF.

Indica que conoce al exgobernador Luis Fortuño desde que este estaba en el sector privado, antes de la gobernación. Sobre afiliaciones políticas, dijo estar afiliado al Partido Nuevo Progresista pero no divulgó afiliación en partidos de Estados Unidos, y que es sobrino de José Rodríguez Perelló (un inversionista privado que fue director del BGF).

También comentó sobre su trabajo en la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), creada en la Administración Fortuño para, entre otras cosas, ejecutar la notoria Ley 7 que resultó en un plan de cesantías de empleados públicos.

‘Fue parte de manejar una crisis muy severa. Es decir, había una crisis en la que el Gobierno no tenía suficiente dinero para operar. Y, por virtud de eso, tanto la Legislatura como el Gobernador decidieron que se necesitaba crear una junta especial, con el modelo de lo que se hizo en Nueva York en los 70, cuando la ciudad de Nueva York tenía un problema similar, para poder atender circunstancias extraordinarias y bien difíciles’, dijo.

‘Creo que se hizo un trabajo extraordinario, es decir, que se pudo estabilizar bajo circunstancias extraordinarias’, añadió.

Durante la incumbencia de García en el BGF figuraron en la Junta de Directores, entre otros, el exsecretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Emma y el ingeniero Pedro Ray, vinculado al abortado y controvertible proyecto de energía Vía Verde.

García enfrentó otros pleitos a nivel federal por sus ejecutorias en el BGF y JREF pero fueron desestimados. A nivel local, el pleito por despidos bajo la Ley 7 llegó al Tribunal Supremo y fue validado, estableciendo nueva jurisprudencia sobre acciones de emergencia de parte del Gobierno.