El caso federal contra el recaudador popular Anaudi Hernández ya tiene una orden de mordaza emitida por el juez federal Pedro Delgado, y además tiene un record repleto de documentos fuera del alcance del público por rutinarios que sean en este tipo de casos, pero ahora la fiscalía ha llegado al extremo de pedir que el jurado sea anónimo.

De los 10 acusados originales en el caso, quedan cuatro que enfrentarían juicio a partir del próximo jueves, si es que no deciden declarase culpables antes. La exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) Sally López, el exayudante del exadministrador de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro, y las hermanas Ivonne, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y Marielis Falcón Nieves.

Elementos como estipulaciones de hecho, preguntas propuestas para la selección de jurado y hasta mociones de cambio de alegación, todos usualmente disponibles en el expediente público del caso, son radicados de manera confidencial en este caso, pero la discusión sobre la solicitud de la fiscalía de un jurado anónimo quedó registrada cuando el juez le dio un plazo a los a los acusados para someter su postura al respecto. Luego del mismo, el juez denegó la solicitud de fiscalía mediante una orden el miércoles en la tarde pero los fundamentos de la denegatoria también quedaron fuera del ojo público porque tenía acceso restringido sólo para las partes activas en el caso.

Ya los acusados le habían dicho al juez en una conferencia con antelación a juicio que se opondrían, pero el juez quiere tener su oposición por escrito, probablemente porque la designación de un jurado ‘anónimo’ es una que, en otros tribunales federales, se ha disputado en apelación.

Un jurado ‘anónimo’ es uno cuya identidad o información de contacto está vedada durante el juicio para los acusados y sus abogados, dificultando, desde el punto de vista de defensa, la evaluación de los candidatos pero, del punto de vista de la fiscalía, evitando que ocurran intervenciones indebidas con los jurados o intentos de obstruir la justicia.

Los jurados anónimos son un fenómeno reciente que se consideran una medida extrema. El primer jurado anónimo se registró en 1977 en el caso contra el mafioso Leroy Barnes en Nueva York.

Las decisiones apelativas sobre esta controversia han reconocido que hay un derecho de libertad de prensa sobre los nombres y direcciones de los jurados, y los jueces, al decidir una petición para que el jurado sea anónimo, deben considerar los siguientes factores: si los acusados están involucrados en crimen organizado, la involucración de los acusados en un grupo que pueda hacer daño a jurados, el historial que tengan los acusados con interferencia del proceso judicial, el potencial de condenas largas o multas sustanciales en el caso, y la publicidad extensa que pueda exponer a los jurados a hostigamiento.