Luego que el pasado mes de julio la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) retirara la confianza a varios funcionarios de alto rango, poco se escuchó de quienes cayeron presos de la ‘masacre administrativa’ que detonó el informe de la comisión investigadora del programa de becas presidenciales.

El lunes, finalmente el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos SeverinoValdez,hizo frente a la Junta de la institución educativa con una extensa refutación al informe que también causó la destitución del presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos; eldecano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli; la vicepresidente de Asuntos Académicos a nivel sistémico, Delia Camacho, y la decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras, Palmira Ríos.

Severino Valdezconcluye en primer lugar que del informe ‘no se desprende violación de alguna ley, reglamentación o certificación de la Junta de Gobierno por parte del suscribiente’ e insiste en que las imputaciones ‘no encuentran base ni en los hechos ni en las fuentes jurídicas aplicables’.

‘Los hallazgos expuestos denotan un claro menosprecio a la verdad; denotan prejuicio, parcialidad y discrimen contra mi persona y el Recinto de Río Piedras… al punto de selectivamente omitir información material, tergiversar, o falsear hechos y apoyarse en conclusiones infundadas’, responde el exrector a la Junta que ‘refrendó dichas acciones cometidas por la comisión en contra de los intereses de la propia institución que fiduciariamente debe proteger’.

SeverinoValdeztambién señala a la Junta por ‘abdicar su responsabilidad de analizar sosegada y ponderadamente un asunto complejo… particularmente si se proponía tomar medidas que forzosamente afectarían a la Institución, como el desmantelamiento de su estructura gerencial y académica’. Con esta acción, el servidor público sostiene que las acciones del máximo cuerpo administrativo de la UPRcausaron daños irreparables a su reputación, honor e imagen.

Asimismo, adelantó que remitiría su informe de refutación a la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina de la Contralor, el Departamento de Justicia y al Tribunal Supremo ‘para que determine si los abogados miembros de la Comisión que investigó los procesos para la concesión de las becas presidenciales… incurrieron en faltas éticas que ameritenla imposición de sanciones disciplinarias’.

De igual modo, Severino Valdezreiteró su solicitud de que quede sin efecto su destitución, y que incluso se anule el informe de la comisión. ‘Urge se convoque una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno a fin de tratar este asunto con la responsabilidad, entereza y valentía que amerita’, añadió.

‘La solicitud de este remedio no excluye que se soliciten otros remedios o medidas legales ante los foros pertinentes’, concluyó.

Informe refutación Severino Valdez – NotiCel _20245