El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández, indicó el martes sobre el veto del Gobernador al Sustitutivo de la Cámara 2959 que ‘otra vez, de forma liviana y a la ligera, el poder Ejecutivo tomó una decisión sin profundizar en la realidad legal y en el razonamiento del proceso parlamentario, afectando más el balance de poderes de este gobierno y sus posibilidades de futuro.

El gobernador Alejandro García Padilla vetó el Sustitutivo de la Cámara 2959 que perseguía establecer el ‘Fondo Especial Para el Pago Mínimo de Deuda Pública’ ya que, según explicó en comunicado de prensa, la medida congelaba fondos de forma ‘inoportuna’ para el pago de obligaciones generales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), garantizando su operación.

García Padilla también recordó que la ley ‘PROMESA’ provee a Puerto Rico de un mecanismo ordenado para restructurar todas las obligaciones del Estado Libre Asociado con sus acreedores conforme a un plan fiscal, por lo que sería prematuro afectar la prestación de servicios esenciales para designar una cuantía significativa de recursos al repago de ciertas deudas.

Publicidad

No obstante la acción de veto, el Mandatario reconoció la importancia de atender ciertos asuntos incluidos en el proyecto como el pago de seguro social a policías y la solvencia de los sistemas de retiro, por lo que no descarta la presentación de legislación -en una Sesión Extraordinaria- que sirva ese fin.

En cuanto a los sistemas de retiro, la ley ‘PROMESA’ requiere que cualquier plan fiscal provea para una financiación adecuada de las pensiones, por lo cual García Padilla reafirmó su compromiso en atender el tema con particular prioridad en cualquier plan fiscal que se comparta con la Junta de Supervisión Fiscal. Asimismo, la financiación adecuada de las pensiones debe tomarse en cuenta al determinar cualquier cuantía de recursos públicos disponible para el pago de la deuda.

Hernández, sin embargo, sentenció que ‘ambos cuatrienios han estado matizados por la falta de deferencia entre el Ejecutivo, la rama Legislativa y la Judicial, quienes han utilizado constantes estrategias para culparse unos a otros por la falta de resultados positivos. El desbalance se intensifica más con la indignante relación con el Gobierno Federal, al observar cómo funcionarios electos claudican a su deber con el pueblo puertorriqueño para delegarlo, de forma bochornosa, a los miembros de una Junta que todavía no se ha constituido y que sus miembros no son electos por nuestros ciudadanos. Aunque se adjudique que el poder último está en las manos del Congreso Federal, no significa que los funcionarios electos incumplan con sus deberes, como lo es el establecer cuantías razonables y fiscalmente sostenibles de un presupuesto’.

Añadió, además, que ‘en el proceso de análisis del presupuesto 2016-17 en vistas públicas, la ACT, PRIDCO, AFI y el Departamento de Turismo notificaron que no cumplirían con el pago de sus obligaciones respaldadas por recaudos delegados del Fondo General. La Oficina de Gerencia y Presupuesto no reconoció el uso o propósito de estos fondos disponibles y el Departamento de Hacienda no incluyó los recaudos en sus proyecciones en las vista públicas. Los propios acuerdos contractuales de estas corporaciones públicas con sus acreedores reconocen el riesgo de que el Gobierno Central tome los recursos cuando el Fondo General no tiene para cumplir con sus obligaciones. Es por esta razón que la Legislatura Estatal, en complimiento con su deber ministerial y manteniendo la prelación constitucional, asignó los recursos comprometidos para el pago de las deudas de las corporaciones públicas, sin quitarle un sólo centavo de lo necesario en sus operaciones, para que estas a su vez, puedan realizar un pago mínimo de las obligaciones del Gobierno Central. Otra vez, de forma liviana y a la ligera, el poder Ejecutivo tomó una decisión sin profundizar en la realidad legal y en el razonamiento del proceso parlamentario, afectando más el balance de poderes de este gobierno y sus posibilidades de futuro. Si nosotros no respetamos nuestras instituciones gubernamentales, no podemos esperar que las respeten fuera de Puerto Rico’.

Bonistas del Patio también repudia veto

La organización Bonistas del Patio, Inc., condenó el veto del P. de la C. 2959 del gobernador Alejandro García Padilla porque priva a los acreedores locales de $450 millones en pagos de intereses y el impago adicional de $92 millones que vencieron hoy, martes. El pago combinado representa la partida de $500 millones para el grupo que representa sobre 60,000 bonistas individuales puertorriqueños que poseen sobre $15,000 millones de la deuda de Puerto Rico.

‘Los recaudos del gobierno están en niveles de récord máximos, entonces, cómo es que no pueden pagarle a los bonistas puertorriqueños? Si queremos sobrepasar la crisis de confianza y convertir a Puerto Rico en un lugar atractivo para hacer negocios e invertir, entonces tenemos que trabajar juntos. Bonistas del Patio y los miles de puertorriqueños que representa estamos sumamente decepcionados con estas acciones del Gobernador’, agregó el director ejecutivo de la organización, Jorge Irizarry.

La semana pasada, Bonistas del Patio calificó de irresponsable e ilegal la acción del Gobernador de condonar las deudas del Banco Gubernamental de Fomento porque representa un nuevo ataque a los puertorriqueños y viola sus derechos como acreedores.

El colectivo explicó que el primer impago fue en agosto de 2015, correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público (PFC), y en enero de 2016 ocurrió el impago de otros bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Hace unas semanas se dio el impago de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento por $400 millones y se estima que más de $200 millones de ese total pertenece a individuos puertorriqueños.